SAN JOSÉ (AP) — Costa Rica enfrenta desde inicios de enero una explosión en la cantidad de nuevos casos de COVID-19 que, al igual que en otro países de la región, se atribuye a la alta capacidad de contagio de la variante ómicron.
No obstante, el caso costarricense genera preocupación porque el país está a menos de un mes de realizar elecciones presidenciales y para la Asamblea Legislativa sin que legalmente se pueda hacer mucho para limitar la movilidad de las personas el 6 de febrero.
Las autoridades de salud anunciaron la semana anterior que pronto el país alcanzaría un promedio diario de 5.000 nuevos casos, tendencia que parece cumplirse luego de que los datos rompieran esta semana todos los máximos vistos antes en esta pandemia con reportes de 4.050 y 4.170 nuevos enfermos, luego de haber tenido reportes de menos de 100 en diciembre.
Esas cifras provocaron que el gobierno decidiera endurecer levemente las restricciones de circulación de vehículos que rigen de 10 pm a 5 am y por número de placa un día a la semana, mientras la Comisión Nacional de Emergencias volvió a decretar “alerta naranja” en todo el país por el aumento de contagios.
El demógrafo Luis Rosero comentó a The Associated Press que según sus estimaciones, esta nueva ola de contagios podría encontrar su máximo muy cerca de la elección del 6 de febrero, con promedios por encima de los 6 mil casos diarios.
Menos optimista es el epidemiólogo Juan José Romero, para quién cercano al día electoral el país podría manejar cifras de contagios de entre 8 mil y 10 mil casos diarios, lo que sumaría presión al sistema hospitalario costarricense, que recién venía relajándose tras la ola de contagios ocasionada por la variante delta desde mediados de 2021.
El problema para las autoridades costarricenses es que a pesar de que cada caso confirmado de COVID-19 recibe una orden sanitaria que le obliga a aislarse, esto legalmente no puede ser una limitante para que esa persona, aún enferma, pueda salir de su casa a ejercer el voto.
Así lo aclaró el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en una resolución que aclara que los derechos políticos, como lo es el voto, solo puede suspenderse cuando lo disponga un tribunal, mientras que la orden sanitaria es solo un acto administrativo y no califica como justificación para impedir a una persona ingresar al centro de votación.
Pese a esto, la propia presidenta del TSE, Eugenia Zamora, dijo en medios de comunicación locales que si bien legalmente no se puede impedir a ninguna persona ir a votar, pidió a quienes tuvieran orden sanitaria que se “abstengan” de hacerlo. Zamora dijo al medio local Radio Monumental que procesos electorales realizados en otras partes de mundo no mostraron gran incidencia en las cifras de contagios, además de que no se contaba con el nivel vacunación que tiene Costa Rica en la actualidad.
Según datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, en Costa Rica ya un 76.81% de la población meta tiene la primera dosis de la vacuna, 69.54% ha recibido dos vacunas y 8.92% ha recibido la tercera inoculación.
Pese a esto, tanto el demógrafo Rosero como el epidemiólogo Romero sí creen que una alta movilidad de personas el día de la elección, sumado a la facilidad de contagio que tiene ómicron, podría verse reflejado en las cifras de casos unos días después. “A lo que hay que apelar es que la gente extreme las medidas para no infectar al resto, con el uso de doble mascarilla, que guarden distancia, no duren mucho votando. Solo queda pedirle a la gente que haga este acto de consciencia”.
Si bien ómicron es una variante que ha mostrado menos severidad, Romero apuntó que la gran cantidad de contagios trae consigo un aumento en las hospitalizaciones. Para el 1 de enero Costa Rica registraba 114 personas hospitalizadas por COVID-19, pero 12 días después esa cifra es ya de 247 personas.
El demógrafo Luis Rosero estima que esta ola de ómicron elevará las cifras de hospitalización hasta los 700 pacientes, pero se quedará lejos de los más de 1.400 que llegó a tener el país en los momentos más graves del contagio por delta.
A los partidos políticos, el TSE les ha emitido una serie de lineamientos para que se apliquen protocolos de lavado de manos, distanciamiento y respeto a los aforos permitidos en sitios de reunión, pero nada garantiza que sus partidarios no vayan a aglomerarse tras conocer el resultado electoral.
Para estas elecciones se han postulado 25 candidatos presidenciales para suceder al actual mandatario, Carlos Alvarado, y más de 30 partidos políticos entre nacionales y provinciales para disputar los 57 escaños en la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026.
