MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Comisión Nacional de Protección de Datos (CNPD) de Portugal ha multado a la Cámara Municipal de Lisboa con 1,2 millones de euros por el envío de los datos personales de manifestantes que entre 2011 y 2021 protestaron frente a las embajadas de la capital portuguesa.
El proceso fue abierto en marzo de 2019, después de la polémica desatada por el envío de información al Ministerio de Exteriores de Rusia de los manifestantes que se agolparon a las puertas de la Embajada rusa en Lisboa para protestar contra la detención del opositor Alexei Navalni.
En julio de 2021, cuando todavía estaba el socialista Fernando Medina al frente de la ciudad, el CNPD adelantó que la investigación reveló al menos 225 infracciones administrativas cometidas por la Cámara de Lisboa, entre ellas la difusión de datos de terceros y de los servicios y oficinas municipales y por no evaluar el impacto que supondría infringir la ley de protección de datos.
Solo por esta última infracción, las multas podrían ascender a diez millones de euros, mientras que el total de las más de 200 que se han registrado podrían suponer unas sanciones económicas de hasta veinte millones, no obstante, según ha podido saber la cadena de televisión SIC, la CNPD ha cifrado la cuantía en 1,2 millones de euros.
En 2018, cuando se puso fin a la figura de los gobernadores civiles, el Ayuntamiento asumió las competencias para recibir información y gestionar los permisos para celebrar manifestaciones en la capital. Ninguna norma obliga a las autoridades a enviar estos datos a las entidades objeto de las movilizaciones, ni siquiera a la Policía de Seguridad Pública (PSP).
Años atrás, cuando el primer ministro de Portugal, António Costa, era el alcalde de Lisboa, legisló para que las únicas instituciones habilitadas para manejar esa información fuesen la PSP y el Ministerio del Interior. Cuando saltó la polémica, el ahora jefe de Gobierno se refirió a este asunto como un «trámite administrativo».
Durante la presentación de aquella auditoría interna en 2018, el exalcalde Medina pidió disculpas, reconociendo que se trató de «un desafortunado error que no tuvo que haber sucedido». No obstante, descartó que hubiera «malicia o mala intención» y apuntó hacia «la inercia de la burocracia» y la disparidad de procedimientos en la administración, durante años, dijo, saturada con «muchos jefes».
