BOGOTÁ (AP) — Las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) deberán pagar 36 millones de dólares por el secuestro de la política colombiana Ingrid Betancourt, según ordenó recientemente un juez del Tribunal de Distrito Medio de Pensilvania.
Al ser las FARC una guerrilla disuelta sometida a un proceso de paz y algunos de los acusados estar en la clandestinidad, no es claro cómo pagarán los 36 millones de dólares. “Será difícil, pero creo que hay caminos que podemos tomar para cobrar los fondos, pero no es algo de lo que quiera comentar más”, dijo el jueves a The Associated Press el abogado defensor Robert Levy, cuyas oficinas están en Nueva Jersey.
En un fallo del 4 de enero, el juez Matthew W. Brann concluyó acogiendo la demanda presentada en 2018 por Lawrence Delloye, hijo de Betancourt, quien alegó que 14 de los acusados ostentaban altos rangos en la guerrilla de las FARC y participaron en la decisión de secuestrarla y mantenerla como rehén en las selvas colombianas desde febrero de 2002 hasta julio de 2008, cuando fue liberada en una operación militar.
“Estamos satisfechos con el hecho de que pudimos lograr este fallo para el señor Delloye, quien sufrió de forma traumática debido a las FARC. Y está muy satisfecho. Fue un proceso largo, el poder llegar a este punto, y bueno, en cierta medida es una forma de hacerle justicia”, dijo Levy.
Entre los acusados está Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, quien es el jefe de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las FARC que fue declarada recientemente por Estados Unidos como una organización terrorista. Márquez hace parte del grupo de desertores del proceso de paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC, luego de cinco décadas de conflicto armado interno.
Trece de los demandados no comparecieron ante el tribunal y por tanto no ejercieron defensa alguna. Solo Juan José Martínez Vega se defendió a sí mismo desde una cárcel de Carolina del Norte y pidió que se desestimara el caso contra él. En su defensa aseguró que las acusaciones del demandante eran falsas, debido a que fue acusado por delitos asociados al narcotráfico en Estados Unidos y no por ser un miembro de las FARC. Martínez no fue hallado responsable.
Delloye aseguró que con el secuestro de su madre las FARC lo sometieron a una “tortura psicológica” y sufrió el abandono por más de seis años. El juez también escuchó a otros familiares que corroboraron lo dicho por Delloye.
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Torrens contribuyó a este despacho desde Nueva York.
