CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades policiales detuvieron en el sur de México a una persona relacionada con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace siete años, anunció el sábado el gobierno.
Mateo “N” fue capturado el sábado junto a dos hombres que se trasladaban fuertemente armados en dos vehículos en la colonia de Los Doctores, en el municipio de Iguala de la Independencia, del estado sureño de Guerrero, indicó en un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Mateo “N” tiene orden de aprehensión federal por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada por los hechos referidos al 26 y 27 de septiembre de 2014 en Ayotzinapa, señaló el escrito.
El operativo de captura fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, con apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y Coordinación Nacional Antisecuestro.
El detenido fue identificado por los medios como Mateo Benítez Palacios, alias “El Gordo”, quien es señalado de ser supuesto sicario de la organización criminal “Guerreros Unidos” vinculada con la desaparición de los 43 jóvenes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en septiembre del 2014 en Iguala.
Los jóvenes fueron capturados por policías de Iguala con la participación de otros cuerpos de seguridad y delincuentes.
El gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguró que los estudiantes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino –Cocula— y tiró los restos en un río cercano.
Esa versión quedó descartada luego que la actual Fiscalía confirmó que fue “un montaje” el hallazgo que se reportó en el 2014 de un hueso de un primer estudiante, Alexander Mora. Además, en julio de 2020 el resto de un segundo estudiante, Christian Rodríguez Telumbre, fue encontrado en un lugar distinto del basurero de Cocula, llamado “La Carnicería”.
Luego que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre del 2018 se creó una Comisión de la Verdad, se realizaron una treintena de nuevas búsquedas, se iniciaron procesos contra el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificar documentos, y se ordenó la captura de los presuntos autores materiales e intelectuales de los hechos, entre ellos policías federales y militares.
