BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)
La Unión Europea ha reiterado este lunes su petición a Rusia para que ponga en libertad al opositor Alexei Navalni, un año después de su detención cuando regresó al país tras recuperarse de un envenenamiento en Alemania.
«La UE ha sido directa al considerar su persecución y condena como motivada políticamente. Reiteramos nuestra llamada a las autoridades rusas para su liberación inmediata e incondicional», ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado.
Es más, el jefe de la diplomacia comunitaria denuncia la «instrumentalización» de la Justicia rusa contra Navalni, ante los nuevos cargos a los que se enfrenta. La principal figura opositora al presidente, Vladimir Putin, fue detenida por incumplir los requisitos de la libertad condicional de la que se beneficiaba tras una condena por fraude en 2014.
De vuelta en Rusia, la Justicia determinó que debía ingresar en prisión para cumplir la pena pendiente de tres años y medio, sin tener en cuenta un envenenamiento del que Moscú siempre ha dicho no saber nada.
La UE ha aprovechado el aniversario de su detención para condenar en «los términos más firmes» el intento de asesinato que sufrió Navalni, que fue envenenado con un agente nervioso de tipo ‘Novichok’ y ha continua urgiendo a Moscú una investigación independiente de su caso.
Asimismo, Borrell ha criticado la campaña de desinformaión en torno a Navalni y su fundación en medios estatales rusos, así como la persecución de su círculo más cercano, incluyendo a su colaboradora Lilia Chanisheva.
NAVALNI DICE NO ARREPENTIRSE
En una publicación en Instagram, Navalni ha asegurado un año después de ser detenido en el aeropuerto de Moscú que no se arrepiente de sus decisiones, a pesar de que ha reconocido que hay un «tira y afloja» entre «la valentía y el miedo». El texto está acompañado de una imagen junto a su mujer, Yulia Navalniya.
Las autoridades rusas aprovecharon el encarcelamiento del disidente para endurecer la presión sobre su entorno, catalogando de «extremistas» a sus organizaciones y, por extensión, a quienes las integran. También han abierto nuevos frentes judiciales contra el opositor.
