MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Rights Watch (HRW) se ha sumado este martes a la denuncia de varias organizaciones por el uso de la pena de muerte por parte de las autoridades de Sri Lanka contra un funcionario de prisiones, en lo que sería una manera de eludir sus responsabilidades por el mal estado de los centros penitenciarios.
El pasado 12 de enero, un tribunal superior de Colombo, la capital, sentenció a pena de muerte a Emil Ranjan Lamahewage, superintendente de la prisión de Welikada, el centro penitenciario de máxima seguridad y de mayor tamaño del país, por la muerte de una treintena de personas durante un motín ocurrido en 2012.
Aunque la condena de Lamahewage parece una manera para que el funcinario rinda cuentas, no es más que «un chivo expiatorio», puesto que la sentencia de muerte de una persona «no es una salida para abordar los motivos reales» que provocaron el motín de la prisión de Welikada en 2012.
«Hacer que los responsables rindan cuentas es un paso importante para resarcir a las víctimas y a los supervivientes», sin mebargo, «la imposición de la pena de muerte no solo no logra esto, sino que además nunca es una forma adecuada de administrar justicia», remarcan.
Para HRW la condena forma parte de los intentos de las autoridades ceilandesas por desviar las responsabilidades del mal estado de los centros penitenciarios del país. El último estudio de la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka describe las condiciones de vida de los reclusos como «espantosas y pobres».
Así, las ONG detallan condiciones de hacinamiento severo en el corredor de la muerte, saneamiento deficiente, acceso muy limitado a la atención médica y encierros de más de 23 horas al día. «Estas condiciones contravienen las reglas de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los reclusos», han denunciado.
Los grupos de Derechos Humanos de Sri Lanka han pedido una reforma cuanto antes del sistema de justicia del país, basado en un enfoque de rehabilitación y reintegración que ayude de descongestionar el grave hacinamiento de las prisiones.
Si bien Sri Lanka ha establecido desde 1976 una suerte de moratoria para las penas de muerte, para septiembre de 2020 todavía había cerca de 1.300 personas sentenciadas a morir, por lo que HRW demanda a las autoridades que formalice la medida.
Mientras tanto, se deberían explorar otras alternativas para los condenados, como nuevos procesos judiciales, penas alternativas, conmutación de penas, o bien la posibilidad de una puesta en libertad anticipada, sin olvidar la necesidad de subsanar de manera «urgente» el mal estado de las prisiones.
