NUEVA YORK (AP) — Una investigación civil encontró pruebas de que la empresa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump empleó valoraciones de activos “engañosas o fraudulentas” para obtener préstamos y exenciones fiscales, según dijo el martes por la noche la fiscalía de Nueva York.
Las autoridades del estado aún no han decidido si presentan una demanda civil en relación con las acusaciones, según los documentos judiciales, pero los investigadores necesitan interrogar a Trump y a sus dos hijos mayores como parte de la pesquisa.
Trump y sus abogados dijeron que la investigación tenía motivaciones políticas.
En los documentos judiciales, la oficina de la secretaria de Justicia estatal, Letitia James, hizo su descripción más detallada hasta ahora de sus largas investigaciones sobre las acusaciones de que la empresa de Trump hizo estimaciones erróneas del valor de sus activos de forma reiterada para obtener condiciones favorables en préstamos o reducir su carga fiscal.
La Trump Organization, según los fiscales, exageró el valor de donaciones de terrenos en Nueva York y California en documentos presentados al Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) para justificar deducciones fiscales de varios millones de dólares.
La compañía también dio información errónea sobre el tamaño del ático de Trump en Manhattan al declarar que era tres veces más grandes de su tamaño real, una diferencia de valor de unos 200 millones de dólares, según dijo la oficina de James, que citó el testimonio del que fuera responsable financiero de la firma durante muchos años, Allen Weisselberg. El exresponsable financiero fue acusado el año pasado de fraude fiscal en una investigación penal paralela.
La oficina de James detalló sus hallazgos en una moción judicial para pedir que se obligue a Trump, su hija Ivanka Trump y su hijo Donald Trump Jr. a cooperar con citaciones a declarar.
Los investigadores dijeron en documentos judiciales que habían “reunido pruebas adicionales considerables que indican que la Trump Organization utilizó valoraciones de activos fraudulentas o engañosas para obtener una serie de beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales”.
Abogados de la familia Trump no respondieron en un primer momento a peticiones de comentarios.
El equipo legal de Trump ha intentado bloquear las citaciones, que describió de “maniobra inconstitucional y sin precedentes”. Los abogados afirman que James intenta conseguir de forma inapropiada un testimonio que podría utilizarse en la investigación penal paralela, que supervisa el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg.
Trump demandó a James en una corte federal el mes pasado en un intento de poner fin a su investigación. En la demanda, sus abogados afirmaron que la fiscal, una demócrata, violó los derechos constitucionales del expresidente republicano en un “esfuerzo poco disimulado de desprestigiar públicamente a Trump y sus asociados”.
El expresidente ha tachado en el pasado las pesquisas de James y Bragg como “caza de brujas”.
En un comunicado el martes por la noche, la oficina de James dijo que no había decidido aún si emprender un proceso judicial, aunque las pruebas reunidas hasta ahora mostraban que la investigación debía continuar sin trabas.
“Durante más de dos años, la Trump Organization ha empleado tácticas dilatorias y litigios en un intento de frustrar una investigación legítima sobre sus operaciones financieras”, dijo James. “Por ahora, en nuestra investigación hemos descubierto pruebas significativas que sugieren que Donald J. Trump y la Trump Organization valoraron de forma falsa y fraudulenta múltiples activos y transmitieron de forma distorsionada esos valores a instituciones financieras para obtener beneficios económicos”.
Aunque la investigación civil de James es independiente de la pesquisa penal, su oficina ha participado en ambas y enviado varios abogados para que trabajen junto con la fiscalía de Manhtattan.
La oficina de James indicó que según la ley estatal, podría recurrir a “una amplia gama de remedios” contra empresas que se concluya hayan cometido fraudes comerciales, “como revocar una licencia para hacer negocios en el estado, intervenir para destituir a un miembro o director de la junta directiva y la restitución (…) de ganancias obtenidas de forma ilícita”.
