Piden exenciones humanitarias para garantizar la entrega de ayuda a la población maliense
MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Un total de trece organizaciones no gubernamentales han alertado este miércoles de que las nuevas sanciones impuestas a Malí por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) podrían tener un «impacto devastador» y ahondar la crisis humanitaria en el país africano.
Las ONG firmantes han recordado que la población de Malí ya hace frente a los peores niveles de inseguridad alimentaria en la última década, con más de 7,5 millones de personas, más de un tercio de la población, necesitando ayuda humanitaria. Por ello, han incidido en la importancia de que las sanciones no afecten a la capacidad de la gente a recibir ayuda y acceso a los servicios básicos.
Así, han manifestado que cerca del 70 por ciento de los alimentos en el país son importados y que 1,2 millones de personas hacen frente a una crisis alimentaria, en un contexto en el que Bamako es muy dependiente de la asistencia externa para financiar los servicios sociales básicos.
«Los malienses ya asumen la carga de la catástrofe humanitaria, marcada por horribles ataques contra civiles. Las sanciones no deben impedirnos entregar asistencia esencial en un país donde la sequía, la creciente inseguridad y el impacto económico de la COVID-19 ya están empujando a millones de malienses al abismo», ha dicho la directora del Consejo Noruego para los Refugiados en Malí, Elena Vicario.
Por ello, estas ONG han solicitado exenciones humanitarias urgentes ante las sanciones y que cualquier proceso administrativo sea rápidamente aclarado para proteger la respuesta humanitaria en Malí, al tiempo que han hecho hincapié en la necesidad de un acceso sin restricciones para poder trasladar alimentos, medicinas y otros bienes de primera necesidad.
«A pesar de que más de un tercio de la población del país depende de la ayuda humanitaria, las organizaciones que trabajan en Malí hacen frente a graves limitaciones», ha explicado el director del Comité Internacional de Rescate (IRC) en el país, Franck Vannetelle.
«Es imperativo que la comunidad internacional siga respondiendo ante las urgentes necesidades de la gente y que cualquier nueva sanción tenga exenciones humanitarias concretas», ha argüido, antes de añadir que «deben ser supervisadas y aplicadas», dado que, de lo contrario, «las personas más vulnerables de Malí pagarán al precio».
Los firmantes de la petición son, además del NRC y el IRC, Acción contra el Hambre, CARE, CECI, el Consejo Danés para los Refugiados, HELP, Mercy Corps, Norwegian Church Aid, Oxfam, Plan International, Terre des hommes Lausanne y World Vision, según un comunicado conjunto.
La CEDEAO respaldó a principios de enero las medidas aprobadas unas horas antes por la Unión Económica y Monetaria de África occidental (UEMOA) por la que se congelan los activos malienses dentro del área del Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO).
Asimismo, decretó el cierre de las fronteras entre Malí y los estados miembro de la organización e imponer un embargo de mercancías que no afecta a suministros médicos y productos esenciales, al tiempo que acordó retirar a los embajadores en Malí de sus países miembro e impuso otras sanciones relacionadas con la ayuda financiera.
La decisión llegó después de que las autoridades propusieran extender la transición otros cinco años, si bien la CEDEAO –que ya anunció sanciones contra Malí en noviembre–, sospecha de los argumentos proporcionados por la junta. Los militares citan la persistente inseguridad en el país, plagado de violencia de todo tipo, y la necesidad de reformas constitucionales para garantizar la fiabilidad de los comicios.
El golpe de Estado de agosto de 2020 derrocó al entonces presidente, Ibrahim Boubacar Keita, tras semanas de manifestaciones por la crisis económica y el deterioro de la seguridad. La junta designó a un presidente y a un primer ministro de transición, si bien ambos fueron derribados en una segunda asonada en mayo de 2021 que elevó finalmente al líder de la misma, Assimi Goita, al cargo de presidente.
