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UE.- Abogado general de la UE avala el registro público de beneficiarios de empresas de Luxemburgo

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este jueves el registro público de beneficiarios de sociedades puesto en marcha por Luxemburgo como medida contra el blanqueo de capitales, al considerar que no afecta a la intimidad de la vida privada de las personas.

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este jueves el registro público de beneficiarios de sociedades puesto en marcha por Luxemburgo como medida contra el blanqueo de capitales, al considerar que no afecta a la intimidad de la vida privada de las personas.

La medida puesta en marcha en 2019 para aumentar la transparencia sobre el control de las empresas luxemburguesas, en consonancia con la Directiva europea antiblanqueo, permite el acceso público a través de Internet a parte de la información del registro.

Según la opinión del abogado general Giovanni Pitruzzella, el instrumento que revela la identidad de beneficiarios efectivos de sociedades y el acceso público a estos datos supone un injerencia en derechos fundamentales.

Sin embargo, dado su alcance y naturaleza, la información abierta al público en general «no permite, por sí sola, sacar conclusiones en lo que respecta a la vida privada de las personas interesadas» y, por lo tanto, «no afecta directamente a la intimidad de su vida privada».

Sobre si la limitación de los derechos a la privacidad y la protección de datos está justificada, el abogado italiano considera que directiva europea define de manera clara y precisa los límites de la norma. Pero, a la vez da a los Estados miembros un amplio margen de maniobra para fijar la cantidad de información de acceso público.

Esto genera un potencial choque con los derechos consagrados en la Carta Europea de Derechos Fundamental, avisa el abogado general del TUE, que asegura que los Estados miembros están obligados a limitar el acceso a esta información cuando dicha divulgación exponga al beneficiario real a un riesgo desproporcionado de violación de los derechos fundamentales.

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