BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)
El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves las líneas rojas que marcarán su posición negociadora con los Veintisiete en los próximos meses para diseñar la nueva Ley de Servicios Digitales, con el que se quiere fijar reglas más estrictas a las grandes plataformas digitales.
El objetivo compartido por las instituciones de la UE es poner freno a la publicación de contenidos ilícitos, responsabilizar a las plataformas de sus algoritmos y mejorar la moderación de los contenidos, aunque deben pactar aún el modo de hacerlo.
«Las plataformas digitales son cada vez más importantes en nuestra vida diaria, nos ofrecen nuevas oportunidades, pero también riesgos. Es nuestra obligación garantizar que lo que es ilegal en el mundo real lo es también en el virtual», ha dicho la eurodiputada ponente de la posición de la Eurocámara, la socialista danesa Christel Schaldemose.
Una de las claves de la reforma es establecer responsabilidades claras para los proveedores de servicios intermediarios, en especial para las plataformas digitales tales como redes sociales o los mercados digitales.
Así, los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán actuar «sin demora indebida» para retirar contenidos ilícitos señalados por el mecanismo de notificación y acción de la norma de servicios digitales, teniendo en cuenta el tipo de archivo y la urgencia de tomar medidas.
En este contexto, los eurodiputados quieren salvaguardas más estrictas para garantizar que las notificaciones se tramiten de forma no arbitraria y no discriminatoria y respetando los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión. También reclaman reforzar la obligación de rastrear a los comerciantes (el principio de ‘conozca a su cliente’).
Además, las plataformas online consideradas de muy gran tamaño estarán sujetas a unas obligaciones específicas por los riesgos concretos que plantean en la difusión de contenidos tanto ilegales como nocivos.
De este modo, se quiere limitar los contenidos nocivos aunque no sean considerados ilegales y combatir la desinformación, por ejemplo imponiendo evaluaciones de riesgos obligatorias, medidas de mitigación de riesgos, auditorías independientes y transparencia de los denominados «sistemas de recomendación», es decir, de los algoritmos que determinan lo que ven los usuarios.
