MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha solicitado este viernes a la comunidad internacional que ejerza una mayor sobre la junta militar de Birmania para detener el repunte de la violencia y «hacer oír la voz del pueblo».
En un comunicado difundido poco antes de que se cumpla un año desde que se produjo el golpe de Estado en el país, Bachelet ha recordado que «la población, que ha pagado un alto coste, sigue luchando por su democracia».
«Esta semana he tenido la oportunidad de hablar en persona con defensores de los Derechos Humanos que instan a la comunidad internacional a no abandonarlos sino a tomar medidas efectivas y robustas para garantizar que sus derechos son protegidos y los militares son llevados ante la Justicia», ha señalado.
Así, ha hecho un llamamiento a «los gobiernos de la zona y más allá, así como a diferentes empresas, a escuchar esta petición. Es el momento de restaurar los Derechos Humanos y la democracia y garantizar que los perpetradores de sistemáticas violaciones de derechos no quedan impunes».
Bachelet ha indicado además que ha podido escuchar relatos «escalofriantes» de periodistas torturados, trabajadores de fábricas intimidados, silenciados y explotados. En este sentido, ha denunciado el aumento de la persecución de las minoráis étnicas, incluidos los rohingyas, así como los «arrestos arbitrarios, detenciones y juicios falsos de opositores políticos».
Aún así, «los valientes defensores de los derechos y sindicalistas siguen protestando y defendiéndose ante la creciente violencia», ha dicho antes de denunciar el brutal «esfuerzo por parte de las fuerzas de seguridad para aplastar la disidencia», algo que ha dejado al menos 1.500 muertos a menos de los militares.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado diariamente graves violaciones, la gran mayoría cometidas por las fuerzas de seguridad, ha explicado. Al menos 11.787 personas han sido detenidas arbitrariamente por expresar su oposición al Ejército, ya sea en protestas pacíficas o a través de sus actividades, de las cuales 8.792 continúan bajo custodia. Al menos 290 han muerto bajo custodia, «muchos probablemente debido al uso de la tortura», ha lamentado Bachelet.
La ONU ha señalado que se ha producido un aumento de la intensidad de los combates en áreas como Sagaing, donde el Ejército «ha estado castigando alas comunidades locales por su supuesto apoyo a los elementos armados».
«La crisis se ha visto exacerbada por el efecto combinado de la pandemia de COVID-19 y el colapso de la banca, el transporte, la educación y otros sectores, dejando a la economía al borde del colapso. La vida cotidiana de las personas se ha visto gravemente afectada, con efectos devastadores en el disfrute de sus derechos económicos y sociales», ha explicado.
El texto matiza que si bien ha habido una condena «casi universal» ante el golpe de Estado, la respuesta internacional ha sido «ineficaz y carece de un sentido de urgencias acorde a la magnitud de lo sucedido».
«Mientras prevalezca la impunidad, la estabilidad en Birmania será una ficción. La rendición de cuentas de los militares sigue siendo crucial para cualquier solución que avance; la gente lo exige abrumadoramente», ha insistido.
