MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Las autoridades del estado nigeriano de Borno, en el noreste del país, han imputado esta semana a siete agencias de Naciones Unidas, entre ellas las responsables de Infancia (UNICEF), Refugiados (ACNUR), Alimentos (PMA), Salud (OMS) y Asuntos Humanitarios (UNOCHA) por evasión de impuestos en lo que se refiere a subcontrataciones y personal, y les da un plazo de un mes para presentar alegaciones o de lo contrario comenzarán a apropiarse de sus materiales.
La ley internacional que regula las operaciones de las agencias de Naciones Unidas exime a estas organizaciones de pagar impuestos en los países donde operan, pero el servicio de Hacienda del estado nigeriano entiende que esta legislación no se aplica a sus trabajadores, especialmente a la población local y a las organizaciones que subcontrata.
El presidente de la junta fiscal de Borno, Mohamad Alkali, hizo saber el miércoles en rueda de prensa que «las siete agencias mencionadas se han negado a cumplir con sus obligaciones a pesar de todos los esfuerzos realizados para que hicieran lo necesario», y ha recordado que otras agencias de Naciones Unidas, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), «sí que han cumplido con la legislación de ingresos personales».
La junta «ha realizado una serie de esfuerzos concertados que culminaron en el envío de una correspondencia a estas organizaciones para que cumplieran con la legislación pertinente, pero sin resultado», según Alkali, quien además ha señalado que ninguna de las agencias imputadas ha proporcionado los «datos en bruto» solicitados sobre su personal o sobre las empresas que tienen subcontratadas.
Por todo ello, «no queda más remedio que emplear medios legítimos para obligarles a que respondan», según Alkali, de ahí que el Gobierno de Borno haya empezado a informar a las agencias de que comenzará a apropiarse de su material en el plazo de un mes si no presentan las alegaciones pertinentes.
El diario nigeriano ‘Premium Times’ solo ha recibido respuesta de un portavoz de UNICEF, que se ha limitado a reiterar que la agencia queda exenta de la legislación fiscal. «Somos Naciones Unidas, no pagamos impuestos», ha indicado este viernes al diario. Otras fuentes del medio han asegurado que las agencias afectadas ya han comenzado conversaciones con el Gobierno local de Borno para arreglar su situación.
Estas tensiones con las agencias de la ONU aparecen en un momento extremadamente delicado. Unas diez millones de personas están en riesgo actualmente y necesitan más que nunca necesitan asistencia humanitaria, apunta Naciones Unidas, por el conflicto que se vive en la cuenca del lago Chad y que ha supuesto un alto precio para las comunidades de las zonas fronterizas de Nigeria, Camerún, Chad y Níger.
El conflicto en el noreste de Nigeria, sacudido por los ataques por parte de los grupos yihadistas Boko Haram y Estado Islámico en África Occidental (ISWA), ha dejado cerca de 350.000 muertos durante los últimos doce años, según indicó en junio el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y generado un inmenso volumen de desplazados entre cierres de campamentos como los de Maiduguri.
