BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)
La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, Emily O’Reilly, ha afeado este viernes la falta de transparencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a cuyo equipo ha reclamado que informe de los mensajes de texto que ésta intercambió con el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, mientras Bruselas y el laboratorio negociaban la compra de vacunas contra el coronavirus.
O’Reilly toma posición porque el Ejecutivo comunitario negó la información a un periodista que pidió acceso público a los mensajes de móvil, después de que el diario The New York Times apuntara su existencia, y considera que ello vulnera las reglas europeas en materia de transparencia.
«Aunque no todos los mensajes de texto deben ser necesariamente registrados, aquellos que claramente tienen que ver con la legislación de la UE en materia de transparencia y cuya pertinencia es incontestable deben serlo. No es concebible afirmar lo contrario», ha expresado O’Reilly.
En una reciente respuesta parlamentaria a la eurodiputada liberal holandesa Sophie in’t Veld, la vicepresidenta comunitaria responsable de Justicia, Vera Jourova, argumentó sobre la polémica de los mensajes que por su naturaleza «efímera» las comunicaciones instantáneas no contienen información clave para las políticas o decisiones del Ejecutivo comunitario.
De este modo, Bruselas defiende que los mensajes reclamados no se corresponden con el tipo de documento que quedaría sujeto a las obligaciones que impone la política de mantenimiento de registros de la Comisión Europea.
Para la Defensora del Pueblo europeo, no obstante, advierte de que cuando se trata del derecho de acceso público a documentos de la UE «es el contenido lo que importa y no el soporte o la forma», por lo que si los mensajes que intercambiaron Von der Leyen y Bourla afectan a políticas o decisiones europeas deben ser tratados como un documento sometido a este marco de transparencia.
De hecho, O’Reilly aprovecha esta llamada de atención al Ejecutivo comunitario para recordar la necesidad de actualizar los procedimientos que aplican los servicios comunitarios en materia de registro de documentos para adaptarlos a la realidad de hoy en día.
La mediadora europea, además, insiste en que el acceso a documentos en un derecho fundamental y alerta de que de acuerdo a su investigación el Ejecutivo comunitario ni siquiera llegó a trasladar al gabinete de la presidenta la petición del periodista respecto a los mensajes, al considerar que no se conservaban.
Por ello critica que «no se hiciera ningún intento» para comprobar si los mensajes existían y emplaza al equipo de Von der Leyen a buscar de nuevo los mensajes controvertidos, identificar cuáles se enmarcan en los criterios de transparencia y hacerlos públicos.
