EL CAIRO, Egipto (AP) — Un importante grupo de derechos instó el lunes a la Unión Europea a revisar su política migratorias en Libia y afirmó que la estrategia actual ayuda a devolver a migrantes a condiciones “infernales” en el país norteafricano.
En un comunicado, Amnistía Internacional afirmó que más 82.000 migrantes han sido interceptados y enviados de vuelta a Libia en los últimos cinco años, desde que la UE comenzó su cooperación con autoridades libias para impedir que los migrantes lleguen a las costas europeas.
Muchos de esos que han sido devueltos a Libia -incluidos mujeres y niños- quedan retenidos en centros de detención gubernamentales donde sufren abusos como torturas, violaciones y extorsión, denunció el grupo. Otros migrantes sufrieron desapariciones forzosas.
“La cooperación de los líderes de la UE con autoridades libias mantiene a personas desesperadas atrapadas en horrores inimaginables en Libia”, dijo Matteo de Bellis, investigador de migraciones en Amnistía Internacional. “Es hora de poner fin a esta estrategia cruel”.
Libia se sumió en el caos tras el alzamiento de 2011 apoyado por la OTAN, en el que el veterano dictador Moamar Gadafi fue depuesto y asesinado. Desde entonces, el país norteafricano se ha convertido en un popular, aunque extremadamente peligroso, punto de tránsito para los que huyen de la pobreza y el conflicto en África y Oriente Medio.
Los traficantes de personas se han aprovechado del caos en la nación petrolera y llevan migrantes de contrabando a través de la larga frontera del país con seis naciones. Llenan botes de goma mal equipados de personas desesperadas y las embarcan en peligrosos viajes a través del Mar Mediterráneo.
En los últimos años, la UE ha acelerado sus esfuerzos por frenar las llegadas de migrantes desde Libia. Desde 2015 se han destinado unos 455 millones de euros (516 millones de dólares) a Libia a través del Fondo para África de la UE. Una parte considerable de eso ha ido a financiar gestión de fronteras y migración.
Los fondos de la UE, la mayoría canalizados a través de Italia, se han utilizado para instruir a personal y reacondicionar barcos para las autoridades libias. La guardia costera libia también recibió celulares por satélite y uniformes, y en los próximos dos años se le entregarán tres nuevas patrulleras.
Investigadores enviados por Naciones Unidas señalaron en octubre que los abusos y el maltrato a los migrantes en el mar, en centros de detención y a manos de traficantes en Libia suponían crímenes contra la humanidad.
Eso ha incrementado las críticas a la política migratoria europea. Se han presentado al menos tres peticiones ante la Corte Penal Internacional para reclamar que se investigue por crímenes contra la humanidad a autoridades libias y europeas, así como traficantes, milicianos y otras personas.
El actual gobierno libio ha seguido facilitando “más abusos y una impunidad arraigada”, según Amnistía. La organización destacó el nombramiento el mes pasado de Mohammed Al-Khoja, un líder miliciano implicado en abusos contra migrantes, como responsable del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular, que supervisa los centros de detención.
De Bellis pidió a la UE y sus estados miembros que detengan la estrategia actual y en su lugar se centren en «abrir urgentemente las vías legales necesarias para miles de personas atrapadas en Libia y que necesitan protección internacional.