BUENOS AIRES (AP) — El principio de acuerdo alcanzado por el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar una deuda de 44.500 millones de dólares podría naufragar, pero no por culpa de la oposición sino de la interna del oficialismo.
La negociación con el organismo de crédito expuso otra vez la tensión en el gobernante Frente de Todos entre el ala más moderada que respalda al presidente Fernández y la corriente de centroizquierda liderada por su vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), cuyas diferencias salieron a la luz tras la derrota en las elecciones de medio término de 2021.
En el primer día hábil posterior al anuncio oficial de un principio de acuerdo con el FMI, el diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, renunció a la presidencia del bloque de diputados oficialistas en el Congreso en rechazo al pacto con el organismo.
Además de su parentesco con la vicepresidenta, Kirchner cumplió un rol clave en las negociaciones parlamentarias para aprobar los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento y es también líder de la agrupación juvenil La Cámpora, muchos de cuyos integrantes ocupan cargos estratégicos en el gobierno.
“Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”, manifestó Kirchner en una carta pública.
El gobierno argentino anunció el viernes un principio de acuerdo con el organismo para refinanciar los vencimientos de los dos próximos años del préstamo contraído en 2018, entonces gobernado por el conservador Mauricio Macri.
El crédito original era superior a los 55.000 millones de dólares, el más abultado en la historia del FMI, pero fueron girados 44.500 millones de dólares de los cuales la mayoría se destinó a pagar deuda y controlar el mercado de cambios.
La vicepresidenta Fernández de Kirchner, quien ha sido muy crítica con el FMI, no se pronunció todavía sobre el principio de acuerdo aunque es inevitable suponer que comparte la visión de su hijo.
Para entrar en vigencia el acuerdo debe ser aprobado por el Congreso, de ahí el impacto que ha causado la renuncia de Kirchner al poner en duda si el Frente de Todos (FdT) podrá reunir los votos necesarios para conseguirlo.
“Esto asesta un golpe significativo al acuerdo, especialmente porque muchos de los temas más desafiantes aún necesitaban ser negociados”, advirtió el analista económico Daniel Kerner, director general para América Latina de la consultora Eurasia Group. “El Congreso debe aprobar el acuerdo y un partido gobernante dividido tendrá dificultades para encontrar los votos”.
Por otra parte “no sería fácil para la oposición apoyar un acuerdo que parte del gobernante FdT rechaza”, agregó.
En línea con la opinión del analista, el diputado Leopoldo Moreau -quien pertenece a la corriente liderada por la vicepresidenta- advirtió el martes que en el debate parlamentario “vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos del acuerdo y ojalá sirva para que cuando se firmen los memorándums de entendimiento algunas cuestiones se remuevan. Si no, estaremos en una situación compleja”.
El presidente Fernández definió a la deuda como “una espada de Damocles”, pero consideró que un cese de pagos habría llevado al país a un escenario de caos. Resaltó que el acuerdo no implicará un ajuste que afecte, entre otros, los subsidios a los sectores más desprotegidos en un país donde la pobreza supera el 40%. No obstante, el FMI auditará cada tres meses la marcha del acuerdo, lo que desde el kirchnerismo es visto como una injerencia en la política económica del gobierno.
“Me parece que una cosa es la discusión interna de un espacio y otra los temas en los que el país está en juego”, aseguró Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, tras una reunión con el mandatario para definir el nuevo liderazgo del bloque oficialista, que todavía no fue anunciado.
Para sumar más incertidumbre al escenario político y económico, organizaciones sociales y políticas ligadas al kirchnerismo marcharán el martes contra la Corte Suprema y por la “democratización de la justicia”.
“Es un acto de suma gravedad institucional y otro paso más en la política sistemática que asumió el oficialismo de atacar a los jueces que no se comportan según sus deseos”, manifestó Juntos por el Cambio, la principal fuerza de la oposición, en referencia a las causas judiciales que enfrenta la vicepresidenta y varios de sus allegados. “No sólo es ir en contra de lo que la constitución establece, sino que se trata lisa y llanamente de una actitud golpista, como lo sería pretender la renuncia del presidente o de un miembro del Congreso por fuera de los mecanismos que establece la constitución”.
El presidente Fernández calificó a la convocatoria de “expresión ciudadana” y le advirtió a los jueces que “tendrían que prestar atención y corregir lo que hay que corregir”.
