BANGKOK, 4 (DPA/EP)
La junta militar de Birmania ha anunciado este viernes la imposición de nuevos cargos de corrupción contra la ‘exlíder de facto’ del país, Aung San Suu Kyi, en el último golpe contra la política, que podría ser condenada a una pena de hasta 150 años de prisión.
Así, el número de cargos impuestos en su contra asciende a once, si bien ya ha sido condenada a seis años de prisión por violar las restricciones impuestas por la pandemia e importar aparatos tecnológicos, como walkie-talkies.
El último cargo está relacionado con una donación de 550.000 dólares (unos 480.000 euros) a la Fundación Daw Jin Kyi, llamada así en honor a su madre. Sin embargo, Suu Kyi no ha podido acudir a la vista judicial debido a motivos sanitarios, tal y como han indicado fuentes judiciales.
La premio Nobel de la Paz se encuentra bajo arresto domiciliario y ha sido acusada, entre otras cuestiones, de cometer un fraude en el marco de las elecciones parlamentarias celebradas a finales de 2020 y en las que su partido, la Liga Nacional para la Democracia, obtuvo un amplia mayoría.
«Es urgente sentar las bases de la paz, la seguridad y la libertad en nuestro país. Cada uno de nosotros debe participar en este esfuerzo nacional», ha señalado la propia Suu Kyi en un comunicado difundido por la citada fundación.
Así, ha indicado que espera que «todos aquellos que desean lo mejor para Birmania se unan a nosotros en nuestros esfuerzos».
Activistas y defensores de los Derechos Humanos consideran que todos estos cargos constituyen una «farsa» y han denunciado que la junta buscar «silenciarla». Suu Kyi fue detenida justo después del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, que ha dejado al país sumido en una fuerte crisis.
La política birmana, de 76 años, tiene varios frentes judiciales abiertos, entre ellos por la supuesta violación de una ley sobre secretos de Estado, que podrían traducirse en penas de prisión de varias décadas, a pesar de la presión internacional para la retirada de los cargos y su liberación.
