MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El líder y fundador de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Lesther Alemán, y la exguerrillera sandinista Dora María Téllez han sido declarados culpables por atentar contra la seguridad nacional en el marco de los juicios a opositores que investigan delitos de traición, conspiración y corrupción en Nicaragua.
El Juzgado Segundo del Distrito Penal nicaragüense, encabezado por Nadia Camila Tardencilla, ha declarado culpable a Lesther Alemán, de 24 años, de un delito que se le imputó en 2018 por conspirar y «cometer menoscabo contra la integridad nacional».
«El debido proceso (juicio) ha sido inexistente y se le han violado todos sus derechos. Lesther no ha podido hablar con su abogado ni recibir la visita de sus familiares como la ley mandata», ha denunciado la Alianza Universitaria en un comunicado en sus redes sociales.
La organización también ha trasladado que el opositor ha permanecido «arbitrariamente» en la cárcel durante 213 días y ha sido «vigilado, perseguido y amenazado por las turbas paramilitares, Policías y funcionarios de la dictadura».
«Ha sido sometido a interrogatorios extenuantes como mecanismo de tortura, a una mala alimentación y condiciones sanitarias que han afectado a su salud. A pesar de tanta saña en su contra, Lesther sigue con la frente en alto exigiendo libertad, justicia y democracia», ha informado.
Además, este mismo jueves también ha sido declarada culpable la comandante y exguerrillera sandinista de Unión Democrática Renovadora, Dora María Téllez, a la que la Fiscalía pedía quince años de cárcel y ser inhabilitada de cargos públicos, según recoge el diario ‘La Prensa’.
«La farsa judicial llena de vicios e irregularidades en contra de Dora María Téllez y Lesther Alemán ha terminado. Se les ha declarado culpables por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, lo que como organismo de Derechos Humanos condenamos enérgicamente», ha dicho el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en su perfil oficial de Twitter.
Así, han explicado que los juicios son «nulos» debido a que «violan las garantías constitucionales»: «Los juicios deben ser públicos, con acceso a prensa y público en general. Que dejaran entrar a un solo familiar no llena los requisitos de publicidad del juicio».
El CENIDH ha confirmado este mismo miércoles las condenas de Yader Parajón y Yaser Vado, dos destacados opositores al Gobierno del presidente, Daniel Ortega, por delitos de conspiración, para los que la Fiscalía pide diez y quince años, respectivamente.
La organización ha denunciado que ambos han sido condenados en una «sola audiencia» en un proceso maratoniano de más de diez horas, cargado de «irregularidades» y en el que la Fiscalía no ha entregado detalles ni del fallo ni de la condena, cuya sentencia les será leída este viernes, ha contado el diario nicaragüense ‘La Prensa’.
La Fiscalía de Nicaragua anunció esta semana que a partir del martes realizaría juicios contra los opositores a los que ha tildado de «delincuentes y criminales», en una medida que afectará tanto a quienes están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua como a quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
«Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüenses comprometiendo la paz y la seguridad», manifestó en un comunicado el Ministerio Público, que se ha remontado a las protestas de 2018 para cargar contra los acusados.
En el marco de los juicios contra opositores, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha cancelado este mismo jueves los permisos para seguir operando a más de una decena de asociaciones, entre ellas cinco universidades, alegando supuesta irregularidades que ya han servido en el pasado para ilegalizar a partidos y organizaciones contrarios a las líneas defendidas por el Gobierno de Daniel Ortega.
El Parlamento, controlado por los fieles a Ortega, ha extendido el Decreto de Cancelación de Personalidades Jurídicas a la Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), la Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH).
Las autoridades esgrimen «el incumplimiento a sus obligaciones y la continua transgresión a las normas legales establecidas», como ha apuntado en un comunicado el Consejo Nacional de Universidades, que ha prometido la «continuidad académica» para los centros que se han visto afectados por la última medida, informa el Canal 6.
El diputado Filiberto Rodríguez ha asegurado que «muchas asociaciones y fundaciones se cobijan bajo las siglas sin fines de lucro» pero, en realidad, sí tendrían ese ánimo económico. «Es un proceso que va a continuar en la Asamblea Nacional y nadie debe de asustarse, porque es un proceso normal», ha esgrimido, según el diario ‘La Prensa’.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas protestaron contra el Gobierno de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva más por parte de las autoridades.
Entre la lista de organizaciones vetadas el miércoles por la Asamblea Nacional figuran también grupos vinculados a la Iglesia católica, así como otros como la Asociación de Cantautores Nicaragürenses y la Asociación de Ortodoncista de Nicaragua. El Gobierno esgrime, en todos los casos, irregularidades de tipo administrativo, no político.
