MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC no ha supuesto el fin del desplazamiento forzado, una de las lacras que históricamente han estado asociadas a la inseguridad y que sigue dejando miles de víctimas –unas 100.000 de media– cada año.
Los primeros datos sobre desplazados corresponden a mediados de los ochenta y, desde entonces, se estima que más de ocho millones de personas han tenido que abandonar sus hogares. La cifra es imprecisa, en la medida en que corresponde a una acumulación estadística sin más, pero la de nuevos desplazados no deja lugar a dudas.
«Nos preocupa que después de la firma del acuerdo de paz siga dándose este fenómeno», lamenta el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Jozef Merkx, en declaraciones a Europa Press. Con dicho acuerdo, «se pensaba que el conflicto interno iba a desaparecer», pero ya serían más de 600.000 los desplazados desde 2016.
El año 2021 no ha sido una excepción y, de hecho, ha supuesto un repunte en las estadísticas. Entre enero y noviembre, la ONU tenía registrados unos 72.300 desplazados fruto de 159 emergencias, lo que representa una subida del 196 por ciento en el número de víctimas si se compara con el mismo periodo del año anterior.
Alrededor uno de cada cuatro desplazados han podido volver a sus lugares de origen y el responsable de ACNUR apunta que en los últimos años se han extendido los «desplazamientos cortos», es decir, que no se prolongan en el tiempo. Algunas de estas personas vuelven «cuando la seguridad no está asegurada», solo porque «no tienen otra opción», advierte.
Precisamente la inseguridad es un factor determinante para huir. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cita como principal causa de los desplazamientos a las amenazas de los conocidos como ‘grupos armados no estatales’, una amalgama de organizaciones que no dudan en ocupar los espacios que han dejado vacantes las FARC.
De hecho, un 24 por ciento de los incidentes deriva de enfrentamientos entre estos grupos. Merkx explica que en esta particular «reconfiguración» de poder los grupos no dudan en enfrentarse por actividades ilícitas como el tráfico de drogas o la minería y concluye que, «como siempre, la población civil es la víctima».
Y dentro de la población civil, hay colectivos especialmente vulnerables. La ONU ha identificado como indígenas al 15 por ciento de las personas desplazadas en los primeros once meses de 2021, mientras que la proporción de afrodescendientes ronda el 54 por ciento.
El representante de ACNUR señala que ambos colectivos sufren «desproporcionadamente» el desplazamiento forzado y, «aunque no hay estadísticas precisas», también los migrantes venezolanos pueden terminar siendo víctimas del conflicto interno en Colombia.
ESCUDOS HUMANOS
Otra derivada de los enfrentamientos es lo que Merkx describe como «confinamiento»: poblaciones enteras que quedan atrapadas, incapaces de moverse por la inseguridad que les rodea y convertidas en ocasiones en una suerte de «escudos humanos». En 2021, unas 57.700 personas se vieron obligadas a confinarse por la presencia de grupos armados, mientras que una cifra sufrieron restricciones en materia de movilidad o de acceso a servicios o bienes básicos.
Entre enero y noviembre del año pasado, el 32 por ciento de las emergencias por confinamiento derivaron de amenazas directas contra la población y otro 18 por ciento de enfrentamientos entre actores armados. Sin embargo, la contaminación por minas antipersona y municiones sin explotar «también representa un factor determinante», como apunta la OCHA en su informe más reciente.
La pandemia de COVID-19 ha supuesto restricciones a la movilidad, con distintas variables. Por una parte, algunos grupos armados han aprovechado la emergencia sanitaria para tratar de ejercer más control mientras que, por otra, las agencias humanitarias no siempre han tenido fácil moverse en estos últimos dos años, en algunos casos por el «temor al contagio» de la propia población.
RETOS PENDIENTES
Merkx reconoce el compromiso de autoridades e instituciones en Colombia para combatir la lacra del desplazamiento, a pesar de que en ocasiones «no siempre es la respuesta adecuada». Queda trabajo por hacer, como admite el responsable de ACNUR, y una parte de los retos pendientes pasa por elaborar estadísticas fiables sobre la situación real.
En este sentido, recuerda que parte de los desplazados incluidos en la lista acumulativa de más de ocho millones «nunca más van a regresar a su zona de origen». Asimismo, las encuestas apuntan que tres de cada cuatro no quieren retornar ni tampoco realojarse en otras áreas, especialmente cuando se trata de personas que viven ya en grandes ciudades, añade el responsable de ACNUR.
Las soluciones para los desplazados «pueden ser muchas», no sólo el retorno, y Merkx plantea apostar también por programas de desarrollo e inversiones en proyectos sociales.
Esta agencia, como otras de la ONU, tiende su mano a las autoridades de Colombia. «No estamos aquí para reemplazar al Estado, sino para reforzar la respuesta que el Estado tiene que tener», explica Merkx, que cita entre la posibles reformas futuras la creación de un sistema de alertas tempranas para saber en todo momento qué está pasando.
