MIAMI (AP) — El gobierno de Estados Unidos añadió el año pasado al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en una lista de funcionarios sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, de acuerdo con el Departamento de Estado, que el lunes hizo pública la designación.
La lista fue presentada ante el Congreso el año pasado en cumplimiento de una iniciativa presentada por el exlegislador Eliot Engel, quien presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes antes de salir derrotado en las primarias demócratas de 2020.
La publicación de la llamada Lista Engel cayó como una bomba en Centroamérica, al incluir los nombres de otro expresidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, junto a los de más de 50 legisladores, políticos y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Pero una notable ausencia era la de Hernández, quien se encontraba en el poder en ese momento pero asediado por acusaciones que surgieron durante el juicio por narcotráfico en contra de su hermano, el exlegislador Antonio “Tony” Hernández, de que financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes. Tony Hernández fue sentenciado en marzo pasado en Nueva York a cadena perpetua.
Las personas que figuran en la lista generalmente no pueden obtener visas ni ser admitidas en Estados Unidos.
“El compromiso de Estados Unidos con la lucha contra la corrupción y con la promoción de la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas en apoyo del pueblo de América Central es férreo”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado, citando “múltiples reportes creíbles de los medios de comunicación” de que Hernández había participado en actos de corrupción al recibir pagos de narcotraficantes.
Una vez que Hernández dejó la presidencia el mes pasado, el Departamento de Estado estadounidense consideró que ya no era necesario mantener en secreto su inclusión en la Lista Engel, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la sanción que hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir deliberaciones privadas.
Washington ha enfrentado creciente presión para que vaya tras Hernández en momentos en que su sucesora, Xiomara Castro, busca mejorar las relaciones entre Honduras y Estados Unidos.
El senador estadounidense Bob Menendez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, pidió este mes al gobierno del presidente Joe Biden que le revocara la visa a Hernández y lo designara como “importante traficante extranjero de narcóticos” en virtud de la Ley de Designación de Capos Extranjeros de Narcóticos, lo que ilegaliza que las compañías e individuos estadounidenses hagan negocios con él.
Sus comentarios se produjeron luego de que la representante federal Norma Torres, copresidenta de la bancada centroamericana en el Congreso, le envió una carta al secretario de Justicia Merrick Garland para pedirle al Departamento de Justicia que impute a Hernández.
“Hernández ha sido una figura central en el deterioro del estado de derecho en su propio país y en la protección y asistencia de narcotraficantes para el trasiego de sus materiales a través de Honduras y hacia Estados Unidos”, dijo Torres en ese momento. “Ha sido identificado en numerosas ocasiones como cómplice en otros casos de narcotráfico y ha causado un increíble dolor a los pueblos de Honduras y Estados Unidos. Pienso que es fundamental que Estados Unidos lo haga rendir cuentas por su comportamiento criminal”.
Hernández, a través de un portavoz, declinó hacer comentarios.
Sin embargo, Hernández ha comparado la atención de los fiscales con una cacería de brujas avivada por los falsos testimonios de asesinos confesos que también fueron testigos clave en el juicio de su hermano. En una serie de mensajes publicados en redes sociales este mes, Hernández presumió sus acciones contra los cárteles del narcotráfico y asegura que gozó del respaldo de la DEA incluso después de que su hermano fuera encausado.
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Goodman está en Twitter como: @APJoshGoodman
