Un informe de un panel de expertos señala que la Policía no tenía capacidad de planear operaciones
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Las fuerzas de seguridad de Sudáfrica no respondieron «a tiempo» a los disturbios registrados en el marco de las protestas en julio contra el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, que dejaron más de 350 muertos y varias jornadas de violencia, destrucción y saqueos en las provincias de KwaZulu-Natal y Gauteng.
Así lo ha concluido un informe redactado por un panel de expertos, que ha sido publicado este lunes después de que el presidente, Cyril Ramaphosa, así lo autorizara. Los expertos debían informar sobre la respuesta gubernamental a las protestas de 2021.
La pregunta era «determinar si la respuesta proporcionada por los servicios de seguridad fue oportuna, apropiada y suficiente», según los expertos, que han precisado que, «respecto a la Policía y a los servicios de Inteligencia, la respuesta es un inequívoco no», ha recogido el diario sudafricano ‘Sowetan’.
«Se han ofrecido muchas razones para este fracaso, pero al final la respuesta que permanece es que fracasaron en hacer lo necesario para proteger la vida y la propiedad», han agregado.
Asimismo, el informe ha concluido que existe una preocupación sobre si la violencia de julio ha dejado una sensación de «incertidumbre» y «vulnerabilidad» debido a la «inefectiva» respuesta de los servicios de seguridad. También, el trabajo ha señalado que la Policía no tenía capacidad para planear operaciones.
«No está claro por qué, pero una de las razones puede ser que al menos seis miembros de alto rango de la Inteligencia fueron suspendidos» en ese período, ha indicado el trabajo.
En un comunicado, el portavoz interino de la Presidencia sudafricana, Tyron Seale, ha indicado que Ramaphosa ha saludado el informe y ha asegurado que el Gobierno emprenderá acciones para responder a las conclusiones.
Las protestas estallaron después de que Zuma ingresara en prisión después de que el Tribunal Constitucional le condenara a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que está investigando los presuntos casos de corrupción en los que estuvo implicado durante sus nueve años de mandato al frente del país.
Zuma se convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) –partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa– se hizo con el poder en 1994.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana –figura equivalente al Defensor del Pueblo– Thuli Madonsela titulado ‘La captura del Estado’.
