La Asamblea Nacional aprueba una ley que permite la sustitución de los nombres de las universidades y el traspaso de bienes al Estado
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La presidenta de Unión Democrática Renovadora – UNAMOS, Suyen Barahona, ha sido declarada culpable por atentar contra la seguridad nacional en el marco de los juicios a opositores que investigan delitos de traición, conspiración y corrupción en Nicaragua.
«Persisten las nulidades en los juicios contra presas y presos políticos. La sesión de tortura hoy le tocó a Suyen Barahona, a quien el Poder Judicial culpó de cometer menoscabo a la integridad nacional. La sentencia será leída el 15 de febrero a las 8.00 horas (horal local)», ha trasladado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en su perfil oficial de Twitter.
Según recoge el periódico ‘La Prensa’, la jueza Ulisa Yahoska Tapia ha condenado a Barahona –presa desde el 13 de junio– por «menoscabo a la integridad nacional» en un juicio que ha durado menos de ocho horas. La Fiscalía pide para ella 15 años e inhabilitación.
«El día de hoy se realizó otro ‘juicio’ ilegal e ilegítimo. Suyen fue condenada por ‘delitos’ que no ha cometido. Un poder judicial en completo desapego a la Constitución y a la independencia de poderes declaró un fallo de ‘culpabilidad’ por ejercer su derecho a libre expresión», ha publicado Unión Democrática Renovadora en su perfil oficial de Twitter.
Por otro lado, la disidente sandinista Ana Margarita Vijil ha sido también declarada culpable y condenada a 10 años de prisión «por delitos que no ha cometido y por soñar con una Nicaragua en justicia», ha denunciado el CENIDH.
La semana pasada fueron juzgados seis opositores más: los activistas Yader Parajón y Yaser Vado; la exguerrillera sandinista Dora María Téllez; el líder estudiantil Lesther Alemán; el periodista Miguel Mora y la exprimera dama de Nicaragua, María Fernanda Flores de Alemán.
La Fiscalía de Nicaragua anunció que realizaría juicios contra los opositores a los que tildó de «delincuentes y criminales», en una medida que afectará tanto a quienes están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua como a quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
«Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüenses comprometiendo la paz y la seguridad», manifestó en un comunicado el Ministerio Público, que se ha remontado a las protestas de 2018 para cargar contra los acusados.
En el marco de los juicios contra opositores, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha cancelado los permisos para seguir operando a más de una decena de asociaciones, entre ellas cinco universidades, alegando supuestas irregularidades que ya han servido en el pasado para ilegalizar a partidos y organizaciones contrarios a las líneas defendidas por el Gobierno de Daniel Ortega.
En este sentido, la Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este lunes una ley que permite la sustitución de los nombres de las universidades recientemente canceladas –por supuestas irregularidades de tipo administrativo– y el traspaso al Estado de todos los bienes muebles e inmuebles de estas.
Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el Gobierno de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva más por parte de las autoridades.
