CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, llegará a México el miércoles en un momento de tensiones en torno al plan de México de favorecer a la compañía eléctrica estatal y limitar a empresas privadas y extranjeras que han invertido en energías renovables.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha prometido continuar con los cambios en el sector energético del país, incrementando la inversión en combustibles fósiles al tiempo que limita a las compañías privadas de energía eólica, solar y de gas natural a una menor porción del mercado.
El gobierno de Estados Unidos ha expresado una “verdadera preocupación por el posible impacto negativo” en las compañías e inversiones estadounidenses. Kerry también podría estar preocupado por la defensa que ha hecho López Obrador de las termoeléctricas a carbón y combustóleo.
López Obrador intentó el martes restarle importancia a las fricciones al asegurar que “hay facilidades para la inversión. Lo único es que queremos al mismo tiempo fortalecer a la CFE”, dijo, refiriéndose por sus iniciales a la Comisión Federal de Electricidad.
La CFE gestiona las termoeléctricas que consumen carbón y el combustóleo que produce la petrolera estatal Pemex. También maneja algunas plantas solares, nucleares e hidroeléctricas.
El mandatario mexicano es partidario de las empresas gubernamentales y de los combustibles fósiles como el petróleo. Pero negó que el país no quiera energías limpias e insinuó que Estados Unidos pudiera ofrecer fondos para sus planes de aumentar la capacidad de energía hidroeléctrica de México.
“Es cosa de llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para inversiones; no privatizar, sino recibir créditos a tasas bajas, a como cobran los intereses en Estados Unidos, y eso sería una inversión en favor del medio ambiente”, declaró el mandatario.
La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, visitó México el mes pasado y escribió que “en cada reunión, comunicamos expresamente que al gobierno Biden-Harris en verdad le preocupa el posible impacto negativo de las propuestas de reformas energéticas de México en la inversión privada de Estados Unidos en México”, y añadió que “la reforma propuesta también podría obstaculizar los esfuerzos conjuntos entre México y Estados Unidos en materia de energías limpias y clima”.
López Obrador propuso el año pasado una reforma constitucional para restringir las ventas de energía de generadores privados y favorecer a la CFE. La medida se encuentra estancada en el Congreso, donde necesita de una mayoría de dos tercios para su aprobación.
La iniciativa presentada en octubre cancelaría los contratos bajo los cuales 34 plantas privadas venden energía a la red nacional. El plan también declararía como “ilegales” a otras 239 plantas privadas que venden energía directamente a clientes corporativos del país. Casi todas esas plantas operan con fuentes renovables de energía o con gas natural.
Asimismo, la medida cancelaría muchos contratos de suministro energético a largo plazo y programas de adquisición preferencial de energías limpias, lo que afectaría principalmente a compañías extranjeras.
El plan coloca a las termoeléctricas privadas a gas natural casi al final de la fila por los derechos para vender electricidad a la red nacional —únicamente por delante de las plantas a carbón del gobierno_, a pesar del hecho de que su costo de producción es 24% menor. Las plantas del gobierno que consumen combustóleo tendrían preferencia respecto a las plantas solares y eólicas.
La propuesta le garantiza a la CFE una participación del mercado de “por lo menos” el 54%, a pesar de que el acuerdo comercial T-MEC prohíbe otorgar preferencias a compañías locales o del gobierno.
