Recalca que el objetivo es «fortalecer la independencia» judicial y rechaza las críticas a la decisión de Saied
HRW denuncia un aumento de las «detenciones secretas» en el marco del estado de emergencia vigente en el país
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El ministro de Exteriores de Túnez, Ozman Yerandi, ha defendido la decisión del presidente, Kais Saied, de disolver el Consejo Supremo de la Magistratura (CSM) y ha argüido que «es parte de una reforma del sistema judicial para fortalecer la independencia del aparato de Justicia».
Yerandi, que el martes se reunión con embajadores del G7, ha sostenido que la decisión es parte de las medidas de Saied para «corregir el proceso democrático» iniciadas en julio de 2021, cuando el mandatario suspendió el Parlamento y disolvió el Gobierno, arrogándose todas las competencias.
Así, ha resaltado que la disolución del CSM «no esconde, de ninguna forma, un deseo de interferir o controlar el sistema judicial», sino que busca «superar los fracasos que ha experimentado», según ha recogido la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.
«Busca mantener a la Justicia lejos de la politización que, en muchos casos, ha dañado el curso de la justicia y ha puesto en compromiso juicios en casos importantes como el asesinato de los mártires Chokri Belaid y Mohamed Brahmi», ha dicho.
Belaid, líder del Movimiento Patriótico Democrático Unificado, fuerza marxista y panárabe que forma parte del Frente Popular, fue asesinado en febrero de 2013. Brahmi, antiguo líder de Echaab (Pueblo) y uno de los principales dirigentes de la izquierda tunecina, fue asesinado en julio de ese mismo año.
Las autoridades acusaron entonces de los asesinatos a la formación islamista radical Ansar al Sharia. Tanto Brahmi como Belaid se significaron por sus duras críticas a Ennahda, lo que ha provocado que la formación se haya convertido en centro de las críticas tras sus asesinatos.
Por otra parte, Yerandi –parte del Gobierno nombrado por Saied tras la disolución del encabezado por Hichem Mechichi– ha incidido en que las medidas excepcionales aprobadas desde julio por Saied «constituyen una reorganización temporal de poderes», en medio de las críticas de partidos y organizaciones civiles de Túnez.
El ministro de Exteriores ha argumentado que estas medidas «no van contra la existencia de las instituciones como tales, sino contra la forma en la que son gestionadas», antes de agregar que esto ha provocado un menoscabo de la credibilidad internacional de Túnez.
«El CSM ha sido objeto de muchas críticas por su composición o sus poderes por parte de muchos jueces, pero también por parte de socios internacionales, incluido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos», ha señalado Yerandi.
La oficina, encabezada por Bachelet, reclamó el martes a Saied que restituya el CMS y advirtió de que la decisión del mandatario «socava gravemente el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del aparato judicial».
«Mucho queda por hacerse para la legislación, los procedimientos y las prácticas del sector judicial (tunecino) para que estén en línea con los estándares internacionales aplicables, pero esto ha sido un gran paso en la dirección equivocada», dijo Bachelet.
Por ello, Yerandi ha reiterado que «el presidente ha dicho en repetidas ocasiones que el sistema judicial tunecino tiene una mayoría de jueces honestos y que el proceso de reforma busca apoyarlos a la hora de llevar a cabo sus nobles tareas».
«El proceso democrático y el respeto por las libertades y los Derechos Humanos son elecciones irrevocables e irreversibles en Túnez», ha manifestado, antes de asegurar que un sistema judicial independiente es uno de los pilares de cualquier sistema democrático.
HRW DENUNCIA «DETENCIONES SECRETAS»
Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha afirmado que las autoridades tunecinas están utilizando de forma creciente un modelo de «residencias asignadas» que equivalen a «detenciones secretas» en el marco del estado de emergencia vigente en el país.
Entre los casos más relevantes figuran el del vicepresidente de Ennahda y exministro de Justicia Nurredín Bhiri, y el el extrabajador del Ministerio del Interior Fazi Beldi, ambos detenidos a finales de diciembre.
HRW ha indicado que este modelo de detención era ya frecuente durante el mandato del expresidente Beyi Caid Essebsi, si bien ha resaltado que «los abusos bajo esta medida extrajudicial han aumentado desde que Saied se otorgó a sí mismo poderes extraordinarios el 25 de julio de 2021».
«El no revelar el lugar de detención de una persona es un alarmante paso adelante hacia un Estado sin ley y no está justificado de ninguna forma por el estado de emergencia extendido en repetidas ocasiones desde 2015», ha dicho el director de HRW para Túnez, Salsabil Chellali.
«Las autoridades deben poner fin inmediatamente a estas detenciones arbitrarias y usar la ruta legal y totalmente transparente para permitir una apelación judicial», ha manifestado, según un comunicado publicado durante la jornada por la organización.
El ministro del Interior, Taufik Charfedín, resaltó en enero que Bhiri –quien se encuentra hospitalizado a causa de un deterioro de su salud– fue detenido «en el marco de la ley» y tras unas investigaciones sobre la entrega ilegal de pasaportes, certificados de nacionalidad y documentos de identidad.
Hichem Beldi, hermano de Fazi Beldi, ha indicado que «habitualmente» le visita de forma semanal en un puesto policial tras recibir un permiso previo por teléfono. «Las visitas familiares están siempre supervisadas por un agente de seguridad y no podemos hablar realmente sobre su lugar de detención», ha agregado.
La esposa de Bhiri, Saida Akremi, ha manifestado que antes de su traslado al hospital estuvo detenido en una casa «abandonada» y «casi vacía» en el área de Bizerta, sin que por ahora haya podido ser visitado por sus abogados, por lo que inició una huelga de hambre.
«Las medidas excepcionales garantizadas por el decreto de emergencia están siendo usadas de forma abusiva y sin supervisión judicial, lo que eleva el espectro de las detenciones secretas», ha criticado Chellali.
«Estas violaciones socavan la autoridad del sistema judicial y erosionan aún más los principios del Estado de Derecho», ha dicho, después de que HRW denunciara un aumento de las medidas represivas contra opositores y críticos al presidente, con decenas de personas en «residencias asignadas».
Saied anunció el 13 de diciembre una prórroga de la suspensión del Parlamento hasta que se celebren elecciones, que convocó para el 17 de diciembre de 2022, en el marco de un proceso que incluirá un referéndum constitucional el 25 de julio.
La Constitución tunecina de 2014 solo permite suspender el Parlamento durante 30 días, un plazo ampliamente superado, si bien Saied afirmó recientemente que dicha Carta Magna «no tiene legitimidad», lo que ha sido criticado por varios partidos, incluido Ennahda, que dominaba la mayoría de los escaños en el órgano legislativo.
