CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La fiscalía guatemalteca detuvo a una abogada que trabajó en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) acusándola de obstruir la justicia. Durante 12 años, este organismo de Naciones Unidas colaboró en la investigación de casos de corrupción.
Juan Luis Pantaleón, vocero de la fiscalía, confirmó a The Associated Press la detención de Leidy Indira Santizo Rodas. La fiscalía ha dicho que el caso está bajo reserva judicial, por lo que no se han dado más detalles.
La abogada detenida, que fue “mandataria” de la CICIG, tenía la representación de la comisión para participar en procesos judiciales ayudando entonces a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) a lograr condenas a personas que cometieron delitos graves, como en el caso Génesis, donde una estructura del crimen organizado vinculado al narcotráfico despojó de sus tierras a campesinos.
La CICIG llevó a juicio durante 12 años a más de 60 estructuras del crimen organizado y logró junto a la FECI de entonces condenas a más de 400 personas por delitos que van desde crímenes de diversa índole hasta corrupción. La CICIG contaba con investigadores y abogados nacionales y extranjeros que aportaban y participaban en los procesos judiciales.
También participó de la investigación donde un exfiscal en jefe de la fiscalía del crimen organizado se habría coludido con un general, hermano de un diputado, para alterar la escena de un crimen donde asesinaron al padre del militar y descartar su presunta responsabilidad en el hecho. El caso actualmente está siendo juzgado por un tribunal.
Esta abogada no es la única que pareciera estar bajo la mira de la justicia por sus investigaciones de casos de corrupción. El exfiscal jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval tuvo que abandonar Guatemala luego de que la fiscal general Consuelo Porras, a quién Estados Unidos le retiró la visa de entrada a ese país por socavar la democracia y obstruir investigaciones sobre actos de corrupción, lo destituyera. Sandoval asegura que es perseguido por su trabajo en la materia.
La AP solicitó a la misión de ONU en Guatemala una opinión sobre mecanismos de protección a exempleados de la misión por la detención de la abogada, pero aún no dan respuesta.
Para el abogado constitucionalista Alejandro Balsells, “no hay duda” de que existe una persecución a todo aquel que haya trabajado en la CICIG o en la FECI, dirigida Sandoval. “Y todo aquel que sea un obstáculo a los abusos de poder actual” dijo a la AP.
