TEGUCIGALPA (AP) — Un grupo de defensores de derechos humanos en Honduras se prepara para presentar en los próximos días un escrito para que se le aplique un decreto de amnistía a seis ambientalistas que están presos desde 2019 y el miércoles fueron condenados, según ellos injustamente, por varios delitos.
“Seis fueron condenados y dos liberados, pero estamos prestos a colaborar como organismo de derechos humanos y vamos a presentar un recurso legal junto con la defensa para que ellos sean favorecidos con la amnistía que aprobó el Congreso”, dijo a The Associated Press el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado.
Seis de los ambientalistas fueron condenados por los delitos de privación injusta de la libertad e incendio agravado, y dos fueron absueltos de la responsabilidad penal. Fueron detenidos en 2018 por su labor en defensa del agua ante un proyecto minero que opera de manera supuestamente ilegal en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía.
Según el Ministerio Público, los ocho ambientalistas provocaron daños a la propiedad privada y retuvieron de forma ilegal a un experto en seguridad durante un enfrentamiento que sostuvieron con guardias de seguridad de la empresa minera Los Pinares.
“Ellos llevan dos años presos”, dijo Maldonado, al tiempo que aseguró que “el juicio ha sido manipulado y no ha existido un debido proceso en cuanto a la defensa de los compañeros”.
Ahora, los defensores de derechos humanos confían en que puedan salir en libertad en base al decreto de amnistía para la liberación de presos políticos y presos de conciencia, que en su artículo 4 establece una amnistía para los defensores de la soberanía nacional, el cual beneficia a los condenados, según dijo a medios locales su defensora Kenia Oliva.
El decreto de amnistía fue aprobado le semana pasada y fue publicado en el diario oficial La Gaceta el sábado 5 de febrero.
La condena de los seis ambientalistas defensores del río Guapinol fue repudiada por varios organismos nacionales e internacionales.
“Este veredicto es escandaloso y va en contra de las obligaciones de Honduras de garantizar el derecho a defender derechos humanos. Debe anularse de forma inmediata. No cesaremos de demandar a las autoridades hasta que sean liberados inmediata e incondicionalmente todos los defensores de Guapinol”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades hondureñas deben dejar de utilizar el sistema de justicia para criminalizar, intimidar y hostigar a las personas defensoras de derechos humanos”, apuntó.
De su lado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Isabel Albaladejo Escribano, dijo: “La Oficina que represento ha llamado en reiteradas ocasiones a que se revise la detención preventiva de los defensores y a que se cumplan las garantías del debido proceso con base en las obligaciones internacionales de Honduras en la materia”.
“Lamentamos que, nuevamente y sin acreditarse los elementos que justifiquen mantener la detención preventiva, los defensores sigan sometidos a dicha medida”, añadió Albaladejo Escribano.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para el activismo ambientalista. El crimen más sonado a la fecha es el de la ambientalista Berta Cáceres, ultimada a balazos el 3 de marzo de 2016 por desconocidos que entraron a su casa en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá y le dispararon en repetidas ocasiones.
De acuerdo con datos publicados por Global Witness el 2 de marzo de 2020, al menos 27 personas defensoras de la tierra y el territorio habían sido asesinadas desde el fatal ataque a Berta y según las estadísticas de Vía Campesina —una organización de Honduras que aglutina a varias organizaciones de campesinos para defender sus derechos— a esas muertes se suman 12 más ocurridas en los meses posteriores de ese año.
