Un informe muestra cómo la «represión calculada» podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La política de represión en Venezuela se sustenta en la coordinación entre ataques y mensajes estigmatizantes emitidos en medios de comunicación vinculados al Gobierno y detenciones arbitrarias por motivos políticos realizadas por las fuerzas de seguridad, según ha concluido Amnistía Internacional (AI) en un informe publicado este jueves.
El informe, ‘Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela’, también muestra cómo la «represión calculada» del Ejecutivo de Nicolás Maduro podría configurar el crimen de lesa humanidad de persecución.
En concreto, el estudio, publicado junto al Foro Penal y al Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) –ambas organizaciones con sede en Caracas–, ha revelado que en 2019 la correlación general entre los ataques estigmatizantes y las detenciones arbitrarias por motivos políticos era del 29 por ciento. En 2020 aumentó al 42 por ciento y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77 por ciento.
Las correlaciones anuales entre las detenciones arbitrarias y las estigmatizaciones también varían dependiendo de los distintos cuerpos de seguridad involucrados en las detenciones, han indicado las organizaciones.
Así, hay una correlación más estrecha, del 74 por ciento, en 2019 con las detenciones que se producen por los órganos de Inteligencia –la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)–, mientras que en 2020 aumenta hasta el 92 por ciento por los órganos dependientes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluyendo las Fuerzas de Acción Especial (FAES).
En 2021 la correlación con las estigmatizaciones también aumenta hasta el 92 por ciento en las detenciones llevadas a cabo por órganos de naturaleza civil y descentralizados, como las FAES, los cuerpos de policía municipal y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Otro de los hallazgos significativos ha sido la alta correlación, del 94 por ciento, que se observó de enero de 2019 a junio de 2021, entre las estigmatizaciones realizadas por el programa televisivo Con El Mazo Dando del ‘número dos’ del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, y las detenciones arbitrarias por motivos políticos llevadas a cabo por un cuerpo de seguridad militar y procesadas por la jurisdicción militar.
La dimensión cualitativa de la investigación, que se llevó a cabo a lo largo de más de un año, incluye análisis de los fenómenos de la estigmatización, las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la naturaleza y funcionamiento de medios de comunicación afines al Gobierno –muchos de ellos con financiación pública– y el contexto sociopolítico del país durante el periodo estudiado.
Todas las variables se contrastaron con estándares de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con derecho penal internacional, lo que arroja la conclusión de que «los patrones de estigmatización podrían mostrar la existencia de una persecución política».
INVESTIGACIÓN
La directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas, ha remarcado que esta «coordinación» es «un nuevo indicador de la política sistemática de represión y apunta hacia el crimen de lesa humanidad de persecución», por lo que ha pedido que sea investigado por la Justicia internacional. «El mundo conoce, desde hace años, la política de represión instaurada por el Gobierno de Nicolás Maduro», ha aseverado.
Por su parte, la directora general de CDJ, Marianna Romero, ha lamentado que «desde los más altos niveles del Estado se ha estructurado un sistema para desprestigiar, acusar, amenazar y señalar a quienes defienden, promueven y exigen el respeto a los Derechos Humanos a través de declaraciones públicas, medios de comunicación y redes sociales, personales e institucionales».
«Con esta investigación se evidencia cómo la estigmatización es aplicada bajo la lógica del enemigo interno y deriva en la materialización de acciones violentas y persecución por parte del Estado», ha agregado.
«De acuerdo a los resultados obtenidos, no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano, es decir funcionarios públicos, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de Derechos Humanos, lo cual no debe quedar impune», ha resumido el director del Foro Penal, Gonzalo Himiob.
Las organizaciones han hecho un llamamiento a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que considere incluir en su investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela los hechos puestos en evidencia en esta investigación, con miras a determinar actores claves, casos concretos y posibles partícipes de crímenes de lesa humanidad de privación arbitraria de la libertad y de persecución.
Además, han pedido a la comunidad internacional que continúe el apoyo hacia la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en su mandato de aportar a la rendición de cuentas por violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela desde 2014.
