MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Leily Santizo, antigua mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de la ONU que fue disuelta en 2019, ha sido detenida por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en el marco de una serie de operaciones dirigidas supuestamente contra extrabajadores de la comisión.
La también abogada, que se encarga actualmente de llevar la defensa de exfiscales de la Fiscalía especial contra la impunidad (Feci), habría sido detenida junto a varias personas cuyas identidades no han trascendido por el momento.
Santizo, no obstante, ha asegurado que es inocente y ha señalado que su arresto supone una medida de «represalia» en su contra por ayudar a antiguos fiscales de la Feci supuestamente implicados en la «persecución penal» de personas involucradas al entramado de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, un caso que salpica a gobiernos de diversos países latinoamericanos.
«Son represalias que están emprendiendo, estoy tranquila porque no he cometido ningún acto delictivo, no me fui, aquí estoy con la valentía de afrontar este proceso», ha aseverado, según informaciones del diario ‘Prensa Libre’.
Al ser preguntada sobre los posibles motivos de su arresto ha señalado que el Ministerio Público aún no la ha informado al respecto, si bien ha valorado la posibilidad de que se deba a su vinculación con los casos de los exfiscales.
Así, ha dicho confiar en la justicia porque «no ha cometido ningún ilícito, simplemente confío y se pueden dar cuenta de mi tranquilidad y cómo afronto esto».
Por su parte, la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) ha indicado en un comunicado que las acciones del Ministerio Público son «alarmantes» y muestran que dicha institución continúa la criminalización de fiscales anticorrupción y pone en riesgo el derecho a la legítima defensa.
Así, ha detallado que negar el derecho a la legitima defensa es el «más reciente elemento en el esfuerzo por criminalizar a las y los fiscales que expusieron la corrupción en los últimos años y eso pone en riesgo a la profesión jurídica libre y derecho a defender los Derechos Humanos».
«En esta ocasión, se castiga además a una abogada integra, con una amplia trayectoria, por defender a actores incómodos que hoy se encuentran perseguidos, como son los fiscales de la Feci que llevaron delante los casos como Odebretch, Construcción y Corrupción, Comisiones Paralelas, entre otros», recoge el texto.
Por ello, ha condenado al Ministerio Público en lo que supone «un acto de intimidación y obstrucción al derecho a una legítima defensa». «Solicitamos a la comunidad nacional e internacional que se pronuncie y dé seguimiento a la situación exigiendo que los tribunales resguarden el derecho de la ciudadanía a la defensa y de las y los abogados de ejercer el derecho de petición como parte de la defensa técnica», ha zanjado.
