Recomienda evitar el exceso de fragmentación en el destino de los fondos europeos destinados a los PERTE
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
LLYC ha anticipado una mayor participación del sector privado cuando el Gobierno incorpore la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la que se incluirán los préstamos a solicitar por el país, que en total pueden alcanzar los 70.000 millones de euros, según la asignación aprobada por Bruselas.
Este ‘Plan de Recuperación Bis’ estaría más focalizado en las inversiones que en las reformas, y por tanto requerirá de una mayor participación del sector privado y de una mayor necesidad de interlocución y colaboración público-privada, según se desprende del último informe publicado por el equipo de Asuntos Públicos de LLYC, en concreto de la unidad Next Generation EU.
A estos recursos habría que agregarles los fondos adicionales, en transferencias no reembolsables, que le pueden corresponder a España con el recálculo del impacto económico de la pandemia en 2021 (más negativo de lo estimado inicialmente). De acuerdo con los expertos, se trataría de, aproximadamente, unos 4.000 millones de euros más, que podrían utilizarse para aumentar la dotación de convocatorias o de los PERTE.
De cara a este año, se contemplan dos pagos vinculados a los fondos ‘Next Generation EU’. El primero de ellos, será un desembolso de 12.000 millones que se espera para la mitad de año y para el que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación, Digital, Nadia Calviño, ya ha asegurado que se han cumplido la mayoría de objetivos e hitos fijados para solicitarlo.
Este desembolso de 12.000 millones de euros en ayudas del fondo de recuperación para España previsto para mediados de 2022 depende en gran medida de una de las reformas más importantes del mercado laboral que el Gobierno se ha comprometido a acometer con la Comisión Europea y que se ha aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados.
A este desembolso seguirá otro de 6.000 millones de euros a finales de 2022, un pago que estará sujeto a la consecución de 29 hitos y objetivos comprometidos hasta finales de junio del presente año.
La consultora LLYC prevé, sobre estos desembolsos, que el primer pago de 12.000 millones se solicitará «sin mayores retrasos». No obstante, en el caso del segundo pago, las mayores dificultades están en las negociaciones sobre la segunda fase de la reforma del sistema de pensiones y la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos.
LA GOBERNANZA, UNO DE LOS «PUNTOS DÉBILES» DEL PLAN DE RECUPERACIÓN
Los expertos de LLYC han puesto en valor el avance «cualitativo» del Plan hasta ahora, que ha permitido a España ser el primer país de la Unión Europea en recibir el primer desembolso ligado a hitos y objetivos, de 10.000 millones de euros, a los que se suman los 9.000 millones de prefinanciación.
No obstante, en cuanto al análisis cuantitativo de la ejecución del Plan, la consultora ha advertido de que existen importantes dudas sobre la realidad y la eficacia de su despliegue.
Y es que, a pesar de la realidad del retraso en la apertura de convocatorias clave, como por ejemplo la del PERTE VEC, LLYC ha apuntado que parte del debate tiene un carácter más político que técnico, pues los datos de transferencias recibidas por empresas y ciudadanía dependen en gran medida de que las comunidades y ayuntamientos informen de la ejecución efectiva de las ayudas.
«Este debate ha vuelto a poner de manifiesto uno de los principales puntos débiles del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia: su gobernanza, en un Estado compuesto y descentralizado como el español», han señalado los expertos.
RETOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN
Con esta perspectiva y de cara la ejecución del resto del Plan, LLYC ha recomendado al Ejecutivo evitar el exceso de fragmentación en el destino de los fondos europeos ‘Next Generation EU’, como ha sucedido, según alertan, con las convocatorias de ayudas a la movilidad sostenible.
Sobre estas ayudas, la consultora ha alertado de que empresas integradas en una cadena de valor con proyectos agrupados están viendo «muy limitada» su participación, limitándose a su vez el impacto agregado de la ejecución de los fondos.
Además, ha instado a facilitar los acuerdos entre empresas para llevar a cabo inversiones conjuntas de cierta relevancia, aunque se repercuta el importe de las ayudas en cada una de las empresas. Para ello, creen que sería esencial que se realizará un clarificación definitiva sobre la responsabilidad de los partícipes en las agrupaciones, para ajustarla a lo previsto en la Ley General de Subvenciones.
También han abogado por incentivar actuaciones que refuercen la cadena de valor de distintos sectores, con la participación de empresas situadas en distintos puntos de esa cadena de valor en proyectos sectoriales que permitan conseguir una transformación efectiva de la economía española.
En la misma línea, consideran que se debería permitir que las asociaciones empresariales con personalidad jurídica puedan representar a agrupaciones de empresas, mediante el correspondiente acuerdo de agrupación. «Esto tiene un importante componente de confianza, sobre todo de cara a facilitar la constitución de agrupaciones sin personalidad jurídica», han señalado los expertos.
Por último, han animado a potenciar la transparencia y la comunicación en la gestión de los fondos para evitar disensos políticos y desconfianzas socioeconómicas respecto de la naturaleza y el impacto que dichos recursos pueden tener en la modernización de la economía y de la Administración Pública española. «El foco debe estar en clarificar grados de ejecución y facilitar la participación de empresas en los PERTE», insisten.
