MIAMI (AP) — Dos hermanos peruanos acusados de operar desde su país centros de llamadas que estafaban y amenazaban a hispanos en Estados Unidos fueron condenados el lunes a más de siete años de prisión.
El juez federal Robert Scola sentenció a Josmell Espinoza, de 32 años, a 88 meses de prisión; y a Carlos Alberto Espinoza Huerta, de 40 años, a 102 meses de cárcel, dijo el departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Los Espinoza formaban parte de un grupo de siete acusados: cinco de ellos fueron detenidos por las autoridades peruanas a raíz de un pedido de extradición de Estados Unidos, y llegaron a este país en octubre de 2020. Los hermanos Espinoza fueron extraditados a Estados Unidos en junio de 2021.
Los siete acusados admitieron su culpabilidad, y con la sentencia del lunes todos han sido condenados a cárcel.
A finales de 2021, los hermanos Espinoza se declararon culpables de haber conspirado para cometer fraude postal y electrónico a través de varios centros de llamadas peruanos de los que eran propietarios y operadores.
Ambos eran dueños y operaban el centro de llamadas JFC Peru en Perú, de acuerdo con documentos judiciales. Además, Josmell Espinoza era propietario y operador de los centros de llamadas Camino Al Progreso y Latin Shop; Carlos Espinoza era propietario y operador de los centros de llamadas Latinos en Acción y Latin Force en Perú.
Entre abril de 2011 y julio de 2019, los hermanos Espinoza y sus socios en Perú llamaban a las víctimas, muchas de ellas inmigrantes que habían llegado recientemente a Estados Unidos desde Centroamérica, México y otros países de habla hispana.
Para obtener el dinero de las víctimas en Estados Unidos, los hermanos y cómplices utilizaban declaraciones falsas y amenazas, diciéndoles que estaban obligadas a aceptar y pagar cursos de inglés y otros productos educativos, y que si no lo hacían estarían en una situación legal riesgosa y serían arrestados y deportados a sus países, de acuerdo con documentos judiciales.
Cuando se declararon culpables, los hermanos admitieron que se identificaban como abogados, funcionarios del tribunal, agentes federales y representantes de un supuesto “tribunal de delitos menores”, que no existe, de acuerdo con los documentos.
Según el departamento de Justicia, Carlos Espinoza causó a las víctimas una pérdida de más de 1,3 millones de dólares, y Josmell Espinoza más de 700.000 dólares.
