MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Greenpeace exige a las administraciones que acaben con la «insensata política hídrica de España», el territorio «más árido» de Europa y con el 75 por ciento de extensión susceptible de desertificación.
La ONG considera que la mala gestión y la contaminación agravan aún más la situación, cuestiones a las que se suman el aumento de temperaturas a consecuencia del cambio climático que provoca más evapotranspiración y recuerda que en este momento las reservas de agua embalsada apenas alcanzan el 44 por ciento y advierte de que la disponibilidad de agua será cada vez menor.
Si bien reconoce que la sequía es un fenómeno natural y recurrente en España y las lluvias han fluctuado desde los 903 litros por metro cuadrado de precipitación media en el conjunto de España de 1963 a los 468 litros por metro cuadrado de 2017, Greenpeace responsabiliza a la mala gestión de la disminución de agua disponible.
Así, precisa que los regadíos sobre dimensionados, robo de agua, pozos ilegales, trasvases innecesarios, urbanismo desmedido y, en general, sobreexplotación de los recursos hídricos. Para el responsable de la política de aguas de Greenpeace, Julio Barea, la política hídrica de España ha ido encaminada a satisfacer cualquier demanda de agua, por insostenible que sea.
De ese modo se refiere a la iniciativa parlamentaria en Andalucía por la que se prevé ‘legalizar’ 1.400 hectáreas de regadío en las inmediaciones del Parque Nacional de Doñana, a pesar de que la propia Comisión Europea ha advertido que no hay agua para esos riegos.
Además, alerta de que «por si fuera poco» no dejan de aumentar en España cultivos propios de climas lluviosos y tropicales como el mango, el aguacate o el maíz.
En segundo lugar, la ONG avisa de las consecuencias del cambio climático pues además de la evapotranspiración y las menores precipitaciones, con el calentamiento de los océanos aumentarán también las lluvia irregulares, con aguaceros e inundaciones que no suponen un suministro regular de agua y son causa de graves daños humanos y materiales.
La tercera causa para la ONG es la contaminación del agua con vertidos urbanos, industriales y agropecuarios envenenan los acuíferos. En la actualidad, añade que muchos pueblos cercanos a macrogranjas no disponen de agua potable, ante la cantidad de nitratos que la hacen inservible para el consumo humano.
«Las sequías no se gestionan cuando hay sequía, sino cuando hay agua», explica Barea para quien si no se cambia la gestión del agua la Península se dirigirá a una «futura catástrofe».
Así, Greenpeace propone cambiar la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras; luchar contra el «grave estado de contaminación» que sufren las aguas superficiales, subterráneas y costeras; implantar caudales ecológicos científicamente establecidos, poner freno a la edificación y a la construcción de instalaciones «muy demandantes de agua» como campos de golf o parques temáticos y salvaguardar especialmente emplazamientos cercanos a espacios protegidos y costas.
La ONG reclama el cierre de más de un millón de pozos ilegales repartidos por toda la geografía; adaptar las políticas forestales a las necesidades españolas; implantar una hoja de ruta de cara a incrementar la superficie dedicada a la agricultura ecológica y el uso de variedades locales adaptadas al clima, así como reconvertir el intensivo y superintensivo a explotaciones sostenibles, diversificadas y de bajo consumo de agua.
Otra de sus peticiones plantea prohibir los nuevos proyectos de ganadería industrial y apoyar la producción extensiva, local, de calidad y ecológica y una transformación completa del sistema energético hacia uno cien por cien renovable.
