CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Familiares de opositores encarcelados en Nicaragua dijeron el lunes temer que sus parientes mueran en prisión, como ocurrió con el exguerrillero sandinista Hugo Torres el fin de semana, debido a que, según advierten, 22 de ellos son mayores de 60 años, padecen enfermedades crónicas y más de 100 presentan posibles síntomas de COVID-19.
Torres, un general retirado del Ejército de 73 años y quien en 1974 ayudó a liberar de la cárcel al hoy presidente Daniel Ortega, falleció el sábado por causas desconocidas tras permanecer ocho meses encarcelado en la prisión de “El Chipote” junto a otros 45 opositores detenidos entre mayo y noviembre pasado.
En un comunicado leído en una rueda de prensa virtual, los parientes de los detenidos reiteraron su “inmensa angustia y preocupación” por las condiciones de aislamiento, mala nutrición y desatención médica en que sobreviven. “Nuestros familiares están en riesgo de muerte”, advirtieron.
El informe indicó que en la cárcel Modelo —la más populosa del país centroamericano y situada al norte de Managua— “varias personas se encuentran en estado de salud grave” y con síntomas asociados al coronavirus, mientras en la cárcel policial de “El Chipote” hay reos con enfermedades crónicas como hipertensión, parkinson, cáncer y diabetes, agrega.
“Hay más de 100 presas y presos políticos con síntomas de COVID-19 en los distintos centros penitenciarios, donde al menos 22 (prisioneros) son de la tercera edad”, aseguró Rodrigo Navarrete, directivo del Grupo de Secuestrados Políticos Unidos (GSPU).
Según el denunciante, tío del reo Jaime Navarrete, arrestado tras las protestas sociales de abril de 2018, también hay prisioneros jóvenes “que padecen cáncer, deficiencias renales o diabetes”, condiciones que dijo ameritarían un cese del encarcelamiento.
“El riesgo de muerte es igual en todas las cárceles”, afirmó Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, uno de los siete exprecandidatos encarcelados y a los que se les impidió participar en los comicios del 7 de noviembre, en los que Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo, el segundo junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
“Estamos lanzando un grito de alerta a Nicaragua y a la comunidad internacional”, dijo Ana Lucía Alvarez, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil, ambas arrestadas en junio pasado. “Bajo la custodia del Estado mataron al preso político Eddy Montes (en mayo de 2019) y ahora murió Hugo Torres. El Estado debe responder”, agregó.
Según datos de organizaciones de “presos políticos”, en el centro penal de “El Chipote” guardan prisión una docena de personas de la “tercera edad”, como el exembajador ante la OEA Edgard Parrales (80), el excanciller Francisco Aguirre Sacasa (76), los exguerrilleros Víctor Hugo Tinoco (69) y Dora María Téllez (65), así como la líder opositora Violeta Granera y el exembajador Arturo Cruz, ambos de 68 años.
Tras la muerte de Torres, los gobiernos de Canadá, Chile, Estados Unidos y Perú expresaron su “preocupación” por el escalamiento de la crisis en Nicaragua e instaron a Ortega a liberar a todos los opositores detenidos. Según la oposición, hay al menos 170 “presos políticos” en el país desde las protestas de 2018.
En otro orden y como parte de los juicios que el gobierno inició el 1 de febrero, el lunes las autoridades judiciales declararon culpable de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas” a la abogada María Oviedo, activista de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), para quien la Fiscalía pidió ocho años de cárcel. La sentencia condenatoria se emitirá próximamente.
