MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Bolivia ha acatado la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de no abrir una investigación en contra del expresidente Evo Morales por crímenes de lesa humanidad, después de que la Administración de Jeanine Áñez presentara una denuncia ante la corte.
«El Gobierno nacional acoge como vinculante y de cumplimiento obligatorio la decisión del fiscal del TPI, Karim Khan, quien determinó que ‘no existe fundamento suficiente’ para procesar en ese tribunal al expresidente», ha trasladado el Ministerio de Justicia en un comunicado.
Ya este mismo martes el expresidente Morales ha celebrado la decisión del TPI y ha apuntado que el organismo ha rechazado las «acusaciones falsas» de «la derecha golpista, que quería culpar» a la izquierda de «las muertes de hermanos bolivianos». «Es una victoria de la verdad sobre la falsedad», ha dicho.
La Administración Áñez remitió a la Fiscalía del TPI una denuncia el 4 de septiembre de 2020, en la que sostenía que, en el curso de bloqueos de carreteras en agosto de ese mismo año, quienes participaron impidieron deliberadamente a la población boliviana acceder a suministros y servicios médicos «vitales».
Según el gobierno boliviano de aquel momento, eso causó la muerte de más de 40 personas que necesitaban oxígeno o acceso a atención hospitalaria a causa de la COVID-19 e infligió lesiones físicas o mentales «graves» a esas personas y al resto de la población boliviana.
La denuncia sostenía que esa conducta es constitutiva de crímenes de lesa humanidad y de otros actos inhumanos de carácter similar. Además, también señalaba que, en virtud de estos actos, los organizadores de los bloqueos y quienes participaron atacaron «deliberadamente» a la población boliviana con el objeto de «causar muertes, intimidación y sufrimiento, a fin de satisfacer sus exigencias políticas».
El TPI comunicó el lunes su decisión de no abrir una investigación tras llevar a cabo un examen preliminar en la que apuntaba que «la presunta conducta no presenta elementos contextuales constitutivos de crímenes de lesa humanidad», y remarcaba que la información disponible «no constituye fundamento suficiente para creer que los presuntos actos de los organizadores de los bloqueos y quienes participaron en ellos, aun cuando estos hubiesen sido establecidos, constituían una campaña dirigida contra la población civil de Bolivia».
No obstante, la decisión de Khan aún puede ser objeto de una revisión judicial por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares I del TPI a instancias del Estado que ha presentado la remisión. Además, la Fiscalía también puede volver a examinar la decisión sobre la base de hechos o información nuevos.
