MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Miembros del Sindicato de Maestras y Maestros (SIMEDUCO) de la Educación Pública de El Salvador han presentado una demanda contra la ministra de Educación, Carla Hunanía de Varela, por presuntas irregularidades a la hora de seleccionar y contratar a docentes interinos, en lo que muchos profesores consideran como decisiones tomadas de forma «arbitraria».
Los demandantes han explicado que, el 21 de enero, la ministra firmó los Criterios de Interpretación de la facultad de los Consejos Directivos Escolares en la Selección de Docentes», por medio del cual impone procesos para la contratación docentes al margen de la Ley de la Carrera Docente, lo que constituye, según los profesores, una violación de la Constitución salvadoreña.
«Ese documento que la ministra envió a las escuelas, con su firma y sello, establece procesos que no están contemplados en el artículo 40 de la Ley de la Carrera Docente, que establece cómo se selecciona a los maestros interinos», ha denunciado el profesor Jorge Villegas, según informaciones del diario ‘La Prensa Gráfica’.
El artículo 40 habla sobre el nombramiento de docentes interinos y establece que es el Consejo Directivo Escolar (CDE) el encargado de proponer el nombramiento de educadores de manera interina. Pero, según los nuevos documentos, el Ministerio de Educación es el encargado de enviar una nota con los docentes elegibles.
Sin embargo, según Villegas, esa lista está conformada por los docentes que no lograron plaza bajo ley de salarios el año pasado, pero sí aprobaron la evaluación del Ministerio, una evaluación que ha sido objeto de numerosas protestas por constituir irregularidades.
«Tanto la Ley de la Carrera Docente como la Constitución establecen que si ya tienen su título que los acredita como docentes no tienen por qué ser sometidos a ningún otro examen», ha señalado Villegas.
El secretario general del sindicato, Daniel Rodríguez, ha hecho hincapié en que la ministra está violentando la Constitución, que establece el principio de igualdad de las personas y su derecho a que se les garantice un trabajo.
«La ministra está cometiendo un acto ilegal, porque no puede atribuirse potestades que según la ley no le competen. Emitir esos lineamientos por sobre la Ley de la Carrera Docente no le corresponde. Además, está cometiendo un grave error: está evaluando a los docentes cuando la Ley de la Carrera Docente solo establece tres criterios para contratación de docentes: que tenga su título, que esté registrado y que no tenga impedimento para ejercer la docencia», ha advertido Rodríguez.
