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UE.- La Eurocámara dice que la sentencia sobre fondos prueba que el Estado derecho no es negociable

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha señalado este miércoles que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que avala el mecanismo condicionalidad de los de los fondos es una prueba de que el Estado de derecho no es negociable.

BRUSELAS, 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha señalado este miércoles que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que avala el mecanismo condicionalidad de los de los fondos es una prueba de que el Estado de derecho no es negociable.

«La condicionalidad de los fondos vinculada al respecto del Estado de derecho no es negociable para el Parlamento Europeo», ha apuntado Metsola este miércoles en un comunicado y ha instado a la Comisión Europea a que aplique el mecanismo de condicionalidad rápidamente.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha celebrado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y ha señalado que la Comisión defenderá el presupuesto de la Unión Europea frente a las infracciones de los principios del Estado de Derecho. «Actuaremos con determinación», ha señalado en una publicación en Twitter

«El Estado de derecho es la base sobre la que se construyen nuestros Tratados. Es fundamental que todos los Estados miembros se adhieran a estos Tratados, que se firmaron cuando se incorporaron a la Unión Europea», ha apuntado la presidenta de la Eurocámara.

Además, Metsola ha subrayado la importancia de los valores en el seno de la UE y que «los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los fondos comunes».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este miércoles el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho, un mecanismo que Budapest y Varsovia recurrieron ante la Justicia europea para intentar su anulación.

En dos sentencias, la Gran Sala del Tribunal europea considera que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica.

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