La presidenta dijo que todo era legal y después bloqueó en su móvil a García Egea, según la dirección nacional del PP
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El PP nacional que dirige Pablo Casado pidió explicaciones a primeros de octubre a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para saber si favoreció a su hermano con un supuesto contrato público irregular, un extremo que ella negó defendiendo la legalidad de la actuación de su Gobierno regional, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.
En concreto, a ‘Génova’ llegaron informaciones acerca de supuesto trato de favor al hermano de Ayuso y, según ha adelantado el País, le pidió explicaciones para saber si el Gobierno madrileño pudo adjudicar a un amigo de su hermano un contrato de mascarillas por 1,5 millones de euros durante la pandemia.
En la cúpula del PP señalan que más que «investigación interna», se trató de una petición de aclaraciones a la propia Ayuso a raíz de esas informaciones que también se estaban publicando en varios medios de comunicación y que llegaron después a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, con peticiones de comisión de investigación.
De hecho, el 11 de noviembre se produjo un episodio polémico cuando todos los diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid (Más Madrid, PSOE, Vox y Unidas Podemos) abandonaron el Pleno monográfico sobre contratación tras expulsar la presidenta de la Cámara regional, Eugenia Carballedo, a una diputada del PSOE que se negó a retirar una acusación sobre el hermano de Ayuso.
AYUSO DIJO QUE ERA LEGAL Y QUE HABLARAN CON SU HERMANO
En la dirección nacional del PP dieron credibilidad a ese supuesto trato de favor porque le llegaron «informaciones» en ese sentido y por eso se le pidió a Ayuso una explicación sobre este asunto a «primeros de octubre». Sin embargo, la presidenta madrileña les aseguró que era todo legal y les emplazó a hablar con su hermano, si bien Génova insistió en que querían comprobar «con los papeles que todo era legal», han indicado las fuentes consultadas.
Según han agregado desde la dirección del PP, es ese día cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid «bloqueó» a Teodoro García Egea en uno de sus teléfonos y se intensificó la presión para que se celebrara cuanto antes el congreso regional del PP.
GÉNOVA RECHAZA EL ESPIONAJE
Después de exigirle esas explicaciones, fuentes de Génova aseguran a Europa Press que están «esperando a que Ayuso les diga algo» y han «negado rotundamente que se haya dado orden de espiar» a la presidenta madrileña», unas informaciones cuya filtración atribuye al entorno de Ayuso en la Puerta del Sol.
Según ha informado el diario El Mundo y han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la presidenta madrileña, el pasado mes de diciembre avisaron a Ayuso de que una agencia de detectives había recibido el encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.
Buscaban un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL a la que la Comunidad había otorgado en plena pandemia un contrato de 1,5 millones para la compra de mascarillas. Querían saber si esta compañía le había abonado alguna cantidad.
A raíz de esto, el Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida decidió abrir una investigación interna para la que ha interrogado durante las últimas semanas a funcionarios. La conclusión alcanzada hasta ahora es que no se produjo este encargo.
Por su parte, ‘El Confidencial’ ha publicado que han sido altos cargos del PP próximos a la Dirección Nacional quienes han contactado con los detectives privados para encargar dicha investigación.
Ante estas informaciones, el Partido Popular ha emitido un comunicado en el que «desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid» y ha avisado que tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades.
