BOGOTÁ (AP) — El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, resaltó el jueves los progresos de tribunal del paz en Colombia que en los últimos tres meses ha logrado que decenas de exguerrilleros acepten su responsabilidad por crímenes sexuales y asesinatos y una veintena de militares la suya en ejecuciones extrajudiciales.
La CPI cerró en octubre de 2021 el examen preliminar de Colombia luego de mantenerlo abierto por 17 años. Esto significó un reconocimiento al funcionamiento de la justicia en el país sudamericano, que dejó de estar bajo observación.
En una reunión privada en La Haya el presidente colombiano Iván Duque informó al fiscal de la CPI los avances de la justicia en su país en cumplimiento del compromiso adquirido el año pasado de seguir rindiendo cuentas voluntariamente al tribunal tras el cierre del examen preliminar.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante cinco décadas de conflicto armado están siendo investigados y juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al tribunal acuden exguerrilleros, miembros de la fuerza pública y terceros vinculados al conflicto.
Khan señaló que en los últimos tres meses 21 integrantes de las fuerzas armadas reconocieron su responsabilidad en el caso de “falsos positivos”, como se conoce en Colombia a las ejecuciones extrajudiciales en las que algunos militares hicieron pasar como guerrilleros vencidos en combate a civiles para obtener recompensas.
Según la JEP las víctimas de “falsos positivos” ascienden a 6.402.
“Los felicito, cualquier persona que quiera darle vuelta a la hoja aceptando su responsabilidad le permitirá al país sanar, seguir adelante y asegurar la justicia”, dijo Khan, quien agregó que cuatro militares no aceptaron su responsabilidad en los hechos.
Quienes no acepten la imputación y sean condenados en un juicio podrían pagar hasta 20 años de cárcel, según las reglas de la JEP.
En el caso del reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado, Khan informó que 47 excombatientes de las FARC han aceptado “crímenes atroces” que incluyen delitos sexuales y de género.
En Colombia hay sectores de la población, entre ellos el partido de gobierno, que critican que los excombatientes de las FARC acudan al tribunal de paz al tiempo que pueden participar en política, ocupar bancas en el Congreso y recibir ayuda del Estado para su subsistencia.
Duque indicó que hay expectativas de más resultados en los casos de reclutamiento de menores, la esclavitud como práctica dentro del secuestro y las minas antipersonales puestas por el grupo armado.
El mandatario colombiano también se refirió a la investigación formal que abrió la CPI a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. “Denuncié a Nicolás Maduro en esta corte hace cinco años… tengo la confianza de que el sistema penal internacional va a seguir no solamente dando resultados, sino que vendrán procesos mucho más contundentes contra los autores de esos crímenes, por supuesto empezando por la cabeza que ha sido Nicolás Maduro”, indicó Duque a la prensa.
Colombia no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro y avala como presidente interino al líder opositor Juan Guaidó. Los dos países rompieron relaciones diplomáticas en febrero de 2019.
