CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La comunidad nahua de Tecoltemi, en la áridas sierras de Puebla, en el centro este de México, celebraba esta semana el triunfo de siete años de batalla legal contra una minera canadiense que, según los pobladores, ponía el peligro la escasa agua que tenían, su salud y su derecho a un medio ambiente sano.
La Suprema Corte de Justicia del país decidió el miércoles “dejar sin efecto” dos concesiones de la empresa canadiense Almaden Minerals para extraer oro y plata en sus montañas a cielo abierto porque no hubo una consulta previa a los pueblos indígenas afectados, tal y como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México forma parte.
El alto tribunal ya se había pronunciado en varias ocasiones por hacer cumplir dicho convenio, pero ésta es la primera vez que cancela una concesión minera por este motivo, explicó a The Associated Press Claudio Garibay, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en conflictividades territoriales.
Aunque la sentencia final todavía no se ha publicado, su borrador ordena al gobierno a hacer ese tipo de consultas antes de otorgar nuevos permisos y no cuando parte del daño pueda estar ya hecho, como ha ocurrido en otros proyectos que afectan a territorios indígenas, indicó a la AP Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali, un colectivo que apoya a los pobladores.
La empresa, en un comunicado el jueves, dijo que esperará a tener la sentencia definitiva para evaluar la situación y se mostró convencida de que los permisos se “re-emitirán” cuando el gobierno haga las consultas.
No obstante, Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión, la filial de Almaden Minerals en México, alertó que este tipo de fallos puede poner en riesgo muchas inversiones.
«Estoy muy contenta, ha sido un trabajo intenso y por algo se empieza”, comentaba el viernes vía telefónica Francisca Zamora, vecina de una comunidad cercana a Tecoltemi, dentro del mismo municipio de Ixtacamaxtitlán y que comparte la lucha de sus compañeros porque, dice, el trabajo de la minera les afecta a todos.
Aunque el amparo también pedía declarar inconstitucional parte de la actual ley minera y eso no se logró, en la sierra son optimistas. “Continuaremos la lucha», agregó Zamora.
El principal reto ahora es lograr una consulta verdaderamente libre e informada, algo que no siempre se ha cumplido en otros puntos del país porque, según el académico Garibay, lo habitual es que las empresas que desarrollan grandes proyectos energéticos o mineros sean muy hábiles en el reparto de fondos y regalos y, cuando no funciona eso, no dudan en usar la coerción, las amenazas y en algunos caso la violencia.
Pérez indicó que, en la sierra de Puebla, la estrategia de la compañía ha sido romper el tejido comunitario con dinero para crear enfrentamientos entre distintas comunidades y ahora temen que ese conflicto social se pueda intensificar. La ONG Fundar, que también colabora en el apoyo legal de los pobladores, denunció en 2020 intentos de soborno a los vecinos para que desistiera de los amparos.
Lo que hay en juego es mucho. El proyecto de Almaden Mineral en Ixtacamaxtitlán, un municipio con 126 comunidades de la parte más alta de sierra norte de Puebla, tiene unas reservas millonarias de oro y plata y, según la web de la compañía, su valor neto actual se estima en unos 310 millones de dólares.
Santamaría, en recientes entrevistas a medios locales, dijo que ya se habían invertido 40 millones de dólares.
La batalla legal del ejido de Tecoltemi empezó en 2015 cuando los pobladores acudieron a los tribunales por miedo a quedarse sin agua. Un juez suspendió temporalmente las concesiones pero, de facto, debido a vericuetos legales, las operaciones continuaron con el argumento de que no afectaban directamente a esa comunidad aunque los pobladores insisten en que pueden dañarse los más de 350 kilómetros de cuenca hidrológica.
“La empresa, como si no le importara la ley mexicana, ha estado realizando exploración minera todo este tiempo”, denunció la abogada. Operó, además, aunque la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales no aprobó su manifestación de impacto ambiental, según reconoce la propia compañía en un comunicado de diciembre de 2020.
La minera mantiene que está generando empleos, que su apuesta es respetuosa con el medio ambiente y garantiza el agua pero los colectivos han puesto varias denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por los daños ya ocasionados.
“Ha habido ‘manantiales asustados’, como dicen los compañeros en nahua, es decir, que las perforaciones modificaron el curso de este río subterráneo y los manantiales ya no salieron» y gente que perdió cosechas enteras o rebaños de chivos porque bebieron agua de un río contaminado que viene de la bodega de los mineros, agregó la abogada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que no habrá nuevas concesiones mineras -que en muchos puntos del país chocan con los intereses de comunidades locales— pero también ha intentado cuidar un sector que ofrece grandes ingresos al país. Por ejemplo, fue una de las actividades que primero se reactivó tras el inicio de la pandemia por considerarse esencial.
Aunque el Congreso mexicano tiene todavía por delante legislar sobre las consultas a pueblos indígenas, tal y como la Suprema Corte le ordenó en 2020, Garibay aseguró que el fallo de esta semana “abre una oportunidad para que comunidades hoy afectadas por operaciones mineras puedan revertir las concesiones que se han dado e incluso frenar las operaciones destructivas de la minería a cielo abierto”.
