BOGOTÁ (AP) — Desde el primer día de su embarazo se desmayó. Luego vinieron los vómitos incesantes y dos trombosis venosas. Su salud no iba bien y la de su bebé tampoco. El trombo en la ingle podía subir hacia su pulmón, le advirtieron los médicos. Así que optó por interrumpir su embarazo casi a los seis meses luego de atravesar múltiples barreras, aunque su caso estaba avalado por la ley colombiana.
La historia de las mujeres que eligen abortar en Colombia será distinta a partir de ahora: la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.
Colombia superó el lunes a otros países de Latinoamérica al permitir el aborto sin restricciones por un mayor lapso en comparación con sus vecinos en medio de la creciente ola verde en la región. En Argentina está permitido hasta la semana 14 y en Cuba y Uruguay hasta la 12; mientras en países como Haití, Nicaragua y El Salvador está totalmente prohibido.
En Colombia restan al menos dos retos para las defensoras del aborto: lograr que el delito sea eliminado del código penal y acabar con el estigma social.
Esta ingeniera de 46 años creció en una familia tradicional católica pero cambió sus creencias luego de interrumpir su embarazo: “Eso no es un pecado”, le dijo a The Associated Press 11 años después del procedimiento y unos días antes de la decisión de la Corte. La mujer pidió ocultar su nombre verdadero para contar su historia, que ni siquiera sus padres conocen.
La mujer recordó con indignación que la psicóloga de la empresa prestadora de salud que la atendía y que le había negado el aborto varias veces justificando objeción de conciencia la llamó un día para persuadirla de no hacerlo. “La vida es maravillosa, los hijos son una bendición de Dios”, le dijo.
La religión todavía tiene una gran incidencia en la sociedad colombiana. El presidente Iván Duque, quien se autodefine como “provida”, se mostró preocupado por el alcance del fallo de la Corte porque cree que estaría “facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular”.
En tanto, la Iglesia católica en Colombia manifestó su “perplejidad y profundo dolor” ante la decisión del tribunal.
“La doctrina de la Iglesia es muy clara: la vida debe ser respetada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, por lo tanto, no se contempla bajo ningún aspecto la posibilidad del aborto”, señaló a AP monseñor Francisco Ceballos, presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida.
La decisión de la Corte implica que las mujeres pueden abortar hasta la semana 24 de gestación sin necesidad de recurrir a un juez para obtener autorización.
“Si una mujer quiere abortar debe iniciar la ruta en el sistema de salud en la que tiene derecho a tener una valoración médica integral de su salud y del estado de su embarazo. No se requiere de ningún requisito cuando se encuentra dentro de las primeras 24 semanas de embarazo”, dijo a AP Carolina Triviño, abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Agregó que los médicos pueden objetar conciencia y en ese caso remitir a la mujer a otro profesional.
La Corte le pidió al Congreso que legisle y regule el aborto, lo cual ha intentado varias veces en el pasado sin éxito. En plena campaña electoral y a menos de un mes para que los colombianos elijan nuevos congresistas, el tema del aborto no es el más popular para ganar votos.
La regulación del Congreso puede demorar. Así ha ocurrido con la eutanasia -despenalizada por la Corte desde 1997 para pacientes con enfermedades terminales y desde 2021 para pacientes no terminales- y que el Congreso todavía no ha legislado. Con el aborto podría pasar lo mismo.
“El Congreso no puede ir en contra de la decisión de la Corte”, señaló Triviño. Sin embargo, el experto constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que el Parlamento podría hacer modificaciones de fondo en su regulación y luego será la Corte las que las avale o rechace al hacer un control de constitucionalidad.
Entre 1998 y julio de 2019 fueron sancionadas por el delito de aborto 346 personas, de las cuales 85 son menores de edad, según datos proporcionados por la Fiscalía al movimiento Causa Justa, compuesto por un centenar de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
Causa Justa pidió a la Corte que se eliminara por completo el delito del aborto del Código Penal que castiga con entre uno y tres años de cárcel a las mujeres que lo practiquen o a quien las ayude. La Corte tomó una decisión mixta: el delito no aplicará para las primeras 24 semanas de gestación y luego habrá tres excepciones para abortar vigentes desde hace 15 años, cuando la salud física o mental de la madre esté en riesgo, por malformaciones del feto incompatibles con la vida o si el embarazo es producto de una violación sexual o de incesto.
Pero abortar bajo las tres excepciones resultó en la práctica más difícil de lo que las mismas organizaciones defensoras creían. En el caso de la mujer que habló con AP su vida estaba en riesgo pero eso no fue suficiente para una aprobación expedita. Tuvo que esperar varios meses mientras perdía la movilidad de su cuerpo y buscar una clínica privada legal en la que tuvo que pagar unos 500 dólares por la práctica pese a que la ley colombiana indica que luego de solicitar la interrupción del embarazo se debe realizar en un plazo de cinco días.
“Marzo, abril, mayo; va pasando el tiempo, tuvimos varias juntas médicas, pero la junta no estaba reunida para dar una solución y poder aprobar la interrupción voluntaria del embarazo. Estaban reunidos para poder proseguir con el embarazo”, rememoró.
Además de sus trombosis, supo por un examen genético que su hija tenía Síndrome de Down y una cardiopatía por la que tendría que ser operada al nacer.
“No quiero a mi hija conectada en un respirador con una intervención de corazón, porque creo que debe tener una calidad de vida, que creo que es lo mínimo que uno debe tener como ser humano en este mundo tan complejo al que llega. Lo veo desde una decisión de calidad de vida y de amor”, pensó la mujer, quien en ese momento tenía 35 años y una hija de 13.
Para la médica Laura Gil, activista a favor del aborto y quien trató a la mujer entrevistada por AP, una de las causas de la estigmatización social es precisamente la criminalización, que deja en un terreno fangoso el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. “Es casi un discurso de odio decirle a las mujeres que el aborto les va a hacer daño cuando otras cosas les hacen más daño como el aborto inseguro o la maternidad forzada”, señaló a AP.
