MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El fiscal Carlos Antonio Videz Navas, que forma parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) de Guatemala ha salido recientemente del país y ha denunciado «persecución» contra las personas que luchan contra la corrupción en el país.
El fiscal estuvo presente en el interrogatorio del ‘Testigo A’, una persona que testificó bajo anonimato un caso de corrupción que implica al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, que habría acordado junto al exministro de Comunicaciones José Luis Benito el cobro de 20 millones de quetzal –cerca de 2,2 millones de euros– para su campaña electoral.
El caso, previamente denunciado a través de la prensa, vincula a Giammattei con actos de corrupción perpetrados junto a Benito, en prisión preventiva por el caso ‘Libramiento de Chimaltenango’, con el que habría recaudado este dinero a partir de sobornos por la adjudicación de contratos a varias constructoras.
La fiscal general Consuelo Porras resaltó que «la persona a quien se menciona en la publicación como ‘Testigo A’ presentó denuncia en el Ministerio Público indicando haber sido objeto de coacción y presiones».
Videz Navas anunció el pasado domingo su renuncia al MP y su probable salida del país previniendo que se atentase contra su vida y para evitar ser «una víctima más, de la injusta persecución, destinada a castigar a quienes nos atrevimos a exponer la corrupción, como lo reflejan las recientes detenciones», según ha recogido el diario ‘Prensa Libre’.
«Ha quedado claro que la fiscal general Consuelo Porras ha ido avanzando en su plan de garantizar impunidad a las redes criminales que debiera de perseguir. Desde el inicio de su mandato complicó la función de fiscales comprometidos e independientes. Las investigaciones no avanzan contra ciertas personas», ha señalado.
Esta salida se produce en el marco de varias denuncias de entramados de corrupción en el país. La semana pasada, Estados Unidos mostró su preocupación por la decisión del MP de «criminalizar y maltratar de forma inaceptable» a abogados independientes que denuncian estos casos.
Sin embargo, la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, ha negado que se esté criminalizando a abogados independientes. Porras se refirió así a la detención de varios abogados, entre los que se encuentran Leily Santizo, antigua mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de la ONU que fue disuelta en 2019.
