MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Fiscalías, Defensorías, Ministerios de Justicia y Tribunales Supremos de América Latina y Europa han impulsado un convenio internacional para mejorar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables.
La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Cumbre Judicial Iberoamericana, todas ellas con presencia en más de una veintena de países, se han unido en una campaña impulsada por la Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) para poner en marcha un acuerdo que haga vinculantes las llamadas 100 Reglas de Brasilia.
Las 100 Reglas de Brasilia son un conjunto de normas que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Se aprobaron en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en Brasilia en marzo de 2008.
Pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad, en entornos remotos o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos, encuentran a menudo serias limitaciones para conocer sus derechos, acudir a un tribunal, defenderse o denunciar con garantías, entre otros.
Un lenguaje demasiado técnico, la falta de servicios de traducción a lenguas indígenas, el desconocimiento de los propios derechos, distancias físicas insalvables o simplemente miedos y desconfianza son solo algunos de los obstáculos más habituales que impiden a estos grupos un acceso efectivo a los sistemas públicos de justicia en América Latina.
Para la directora de la FIIAPP, Anna Terrón, que ha impulsado la formulación de estas normas a través del programa EUROsociAL+, «el acceso a la justicia es un derecho llave para la realización de otros derechos y debe estar en el centro de la cooperación internacional entre instituciones públicas: el intercambio de experiencias es y será un acelerador para la implementación efectiva de las 100 Reglas de Brasilia».
«Poca o ninguna utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Y obviamente las dificultades son mayores cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad», explica la Coordinadora General de la AIDEF y Defensora General de Argentina, Stella Maris Martínez.
«Las 100 Reglas promueven medidas tan básicas como la participación activa de servidores públicos en la divulgación de conocimiento sobre los derechos de las personas en zonas desfavorecidas», ha indicado, por su parte, la integrante de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, Angela Russo.
«Algunos de los estándares promovidos son la gratuidad de la asistencia jurídica, formularios de fácil manejo, la oralidad y comprensión de las actuaciones judiciales. También, medidas de acercamiento del servicio a lugares remotos o medidas alternativas de resolución de conflictos», ha agregado.
El presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y fiscal nacional de la Fiscalía de Chile, Jorge Abbott, ha especificado que los Ministerios Públicos de Iberoamérica han asumido el «firme compromiso» de «eliminar la inequidad y la desigualdad en el acceso a la justicia».
«En un trabajo coordinado y complementario, las fiscalías y procuradurías de la región nos hemos abocado a mejorar la protección y asistencia de las víctimas y los testigos, porque parte de la legitimidad de la democracia está en que la ciudadanía entienda su sistema de justicia, entienda sus derechos y se sienta integrada en este proceso», ha continuado, antes de remarcar que «los riesgos de invisibilizar a los más vulnerables son altos en contextos de alta desigualdad». «De allí la relevancia de nuestro deber», ha remachado.
Por su lado, la secretaria general adjunta de la COMJIB, Paola Andrea Jhon Martínez, ha considerado la necesidad de «ir más allá, centrando la justicia en las personas y procurando que las reglas no solamente sean marcos conceptuales de referencia», aunque las Reglas de Brasilia se actualizaran en 2018. «Tenemos un inmenso desafío, que es desplegar una estrategia que facilite la articulación de Planes Nacionales de Acceso a la Justicia en los países de Iberoamérica», ha añadido.
También se ha puesto en marcha una campaña en más de 20 países llamada ‘#AbramosLaJusticia’ a través de los canales de las principales instituciones de justicia. Se extenderá hasta el domingo, con un vídeo animado con testimonios de personas vulnerables y voces de fiscales, defensores y magistrados. El objetivo es «crear conciencia sobre los retos de acceso a la justicia y sobre la necesidad de impulsar un convenio internacional que pueda hacerles frente», según un comunicado de FIIAPP.
EL PAPEL DE LA PANDEMIA
Las redes judiciales coinciden en que la pandemia ha agravado las dificultades de acceso a la justicia para los grupos más vulnerables. Así lo manifestaron en la Declaración de Valparaíso, firmada el pasado 14 de enero durante la celebración de un encuentro del programa EUROsociAL+.
«Especialmente acuciante es el caso de mujeres y niñas, ya que la pandemia ha intensificado la violencia contra ellas tanto dentro como fuera del hogar, y se han multiplicado los obstáculos para que puedan llegar hasta los servicios de justicia o aplicar las medidas de protección», ha indicado John Martínez.
«Esta situación hace más necesarias que nunca medidas específicas para ellas dentro de la justicia formal, pero también a través de otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos o de la justicia restaurativa», ha agregado.
Por otra parte, aunque la pandemia ha acelerado el uso la tecnología consiguiendo en muchos casos una justicia más ágil «el uso de medios tecnológicos también puede tener un impacto negativo en el acceso a la justicia de algunos sectores de la población: la digital es una brecha adicional que hay que abordar urgentemente», ha considerado el fiscal nacional subrogante de la Fiscalía de Chile y representante de la Presidencia de la AIAMP, Xavier Armendáriz Salamero.
El defensor nacional de Chile y Secretario General de la AIDEF, Carlos Mora Jano ha destacado también las necesidades especiales de las personas migrantes y refugiadas. «En los últimos años ha aumentado exponencialmente la necesidad de mecanismos efectivos de acceso a justicia para las poblaciones en situación de movilidad en un momento de migraciones masivas en la región sin precedentes en el último siglo», ha explicado.
