MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ha pedido este miércoles al Poder Judicial adelantar el juicio oral de la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ante el temor de que la reforma judicial aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso acabe favoreciendo a los imputados por corrupción.
«Todas esas iniciativas legislativas lo que están buscado es generar una incertidumbre en el desarrollo de los procesos penales», ha dicho Pérez, que al igual que varios juristas, como la fiscal general, Zoraida Ávalos, ha denunciado el «riesgo» que estas propuestas tienen, por ejemplo, para la figura del colaborador.
«Estamos llegando a la culminación del proceso penal. Es decir, estamos adelantando el juicio oral. Si el juez nos concede ese pedido, espero que no haya oposición y se concluya este proceso en todas sus etapas», ha confiado, cuenta el periódico peruano ‘La República’.
Además de Fujimori, Pérez ha pedido al juez que instruye la causa, Víctor Zúñiga Urday, la comparecencia anticipada del expresidente de Odebrecht Marcelo Bahia y la del exrepresentante de la constructora en Perú Jorge Barata, ambos colaboradores eficaces en la causa, así como las de otros 40 imputados de Fuerza Popular.
«Son esos factores los que obligan a la Fiscalía –si es que el juez lo considera pertinente– a actuar anticipadamente», ha dicho Pérez, quien ha citado el caso del finado Josef Maiman, empresario peruano israelí que tras ser acusado en 2017 de blanqueo de dinero en una causa de corrupción de Alejandro Toledo, su participación como colaborador eficaz sirvió para acusar al expresidente.
«Estamos en un caso de criminalidad organizada. Estamos en un proceso cuya etapa intermedia va más allá del plazo razonable. El siguiente mes cumplimos un año. Por lo tanto, es factible que se pueda acceder a la prueba anticipada, sobre todo ante la posibilidad de un peligro procesal», ha explicado el fiscal Pérez.
Fujimori está acusada de financiación irregular por parte de Odebrecht de su campaña presidencial de 2011 y de blanqueo de dinero. Durante la investigación, las sospechas fueron confirmadas por Barata y otros antiguos altos cargos de la empresa brasileña, la cual entregó, según estas versiones, un millón de dólares.
El proyecto al que ha hecho referencia el fiscal Pérez salió adelante hace un mes por once votos a favor, entre los cuales estaban los del oficialista Perú Libre y el de la oposición representada por Fuerza Popular, cuyos líderes, Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori, respectivamente, están inmersos en casos de corrupción.
Los críticos sostienen que el texto desalienta a quienes aspiren a colaborar en una investigación, ya que, entre otros puntos, se contemplan penas de entre cinco y siete años de cárcel para los funcionarios –fiscales, jueces, procuradores–, que revelen el contenido de estos testimonios y los periodistas que los difundan.
