Con la finalidad de terminar con las irregularidades en el proceso, selección, elección y ejecución del Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, el legislador local de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, propuso una iniciativa para impulsar la participación de vecinos en los siguientes procesos.
La propuesta señala que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha instrumentado una Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo de las Alcaldías, la cual no ha sido suficiente, pues hay una serie de anomalías en su ejercicio.
Hemos visto que se han enumerado y documentado una serie de problemáticas, que derivan en la puesta en marcha de ese planteamiento normativo, que, hemos encontrado, tiene un mal diseño institucional e impacta negativamente, tanto en los niveles de participación como de confianza de la ciudadanía en el ejercicio democrático y en sus instituciones.
— Indicó.
El legislador dijo que un primer paso obliga a dotar de las facultades reglamentarias al Instituto Electoral local en materia de Presupuesto Participativo, por lo que la presente iniciativa adiciona una nueva fracción al Artículo 129 para que el Instituto de la Ciudad de México, elabore, emita y publique, el reglamento correspondiente para establecer los procedimientos y mecanismos para tal ejercicio.
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Hay falta de información sobre los procedimientos, la opacidad y discrecionalidad sobre la ejecución y operación del presupuesto participativo, pero sobre todo, un diseño organizacional e institucional deficiente que denota falta de interés de la ciudadanía, con una baja concurrencia.
— Precisó.
El diputado de Movimiento Ciudadano detalló que, tras casi 12 años de operación del Presupuesto Participativo, la ejecución del mismo trae consigo más de 100 denuncias por presuntas irregularidades luego del último periodo electoral y la pandemia por COVID-19.
Los múltiples cambios sobre la ejecución y aplicación de los 3 mil 534 proyectos del Presupuesto Participativo 2020-2021, equivalentes a 2 mil 800 millones de pesos, han llevado a tal desorden e incertidumbre vecinal que la Contraloría General de la Ciudad de México acumula 113 denuncias recibidas por presuntas irregularidades en 15 alcaldías.
— Sostuvo.
