Advierte que la autoliquidación que hizo Juan Carlos I por estos ingresos «no es correcta» y que abonó un excedente de 16.748 euros
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha descartado el delito de fraude en las donaciones efectuadas por el empresario mexicano Allen Sanginés Krause al rey emérito Juan Carlos I porque la cuota de cada una de ellas fue «notablemente inferior a los 120.000 euros, elemento inexcusable del delito contra la Hacienda Pública, al margen de que tal cuantía se entienda como una condición objetiva de punibilidad o como un elemento del tipo».
Este miércoles se ha dado a conocer el archivo de las tres líneas de investigación que se seguían contra el emérito referidas a las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, las del supuesto uso de tarjetas ‘black’ sufragadas por un empresario mexicano, y la relativa a la fortuna que habría ocultado en la isla de Jersey. El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, tomó el relevo en solitario de las pesquisas después del fallecimiento de quien fuera teniente fiscal del Supremo Juan Ignacio Campos.
La segunda línea de investigación, recogida en las diligencias 40/2020, se abrió el 5 de noviembre de 2020 a raíz de unas pesquisas llevadas a cabo por la Fiscalía Anticorrupción tras recibir un informe de inteligencia financiera emitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).
Dicho informe reflejaba que, entre 2016 y 2019, el empresario mexicano Allen Sanginés Krause ordenó una serie de transferencias desde cuentas bancarias –de su titularidad directa o indirecta a través de la sociedad Pretorian Prevention SA– a cuentas a nombre de Nicolás Murga Mendoza, militar actualmente jubilado, que en 2007 fue nombrado ayudante de campo de la Casa del Rey.
VIAJES Y GASTOS MÉDICOS
Según ha precisado la Fiscalía, el importe total de estas transferencias –que asciende a 516.606 euros– «ha sido destinado al abono de gastos particulares de S.M. D. Juan Carlos de Borbón y Borbón o de personas relacionadas con él por tratarse de familiares o allegados del mismo».
Sanginés Krause también ordenó transferencias a otras dos cuentas por un importe total de 471.673 euros que se destinó al pago de viajes efectuados por el rey emérito, así como por sus familiares o allegados. El Ministerio Público, además, ha apuntado que abonó los servicios sanitarios prestados en 2017 y 2018 por Juan Carlos I por un importe total de 95.365 euros.
Así las cosas, el fiscal jefe de Anticorrupción ha asegurado que «no hay constancia de contraprestación alguna a estas transferencias». Y ha precisado que se trata de «actos unilaterales efectuados a título lucrativo» y que, por tanto, «son donaciones que están sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones» regulados por la ley.
El Ministerio Público ha recordado que «cada donación debe ser declarada con independencia del resto». Ha subrayado que el impuesto se devenga el día en que se causa o celebra el acto o contrato y que el plazo de presentación de la declaración es de 30 días hábiles.
EXCEDENTE DE 16.748 EUROS EN LA DECLARACIÓN
En diciembre de 2020, el rey emérito presentó en la Agencia Tributaria declaración del impuesto sobre sucesiones y donaciones con el siguiente detalle: cuota a ingresar 556.412 euros, recargos por 83.461 euros e intereses de demora por 38.516 euros. La acompañó con un escrito en el que manifestaba que la autoliquidación respondía «a las donaciones de Allen Sanginés Krause».
La Fiscalía ha incidido en que, según los informes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, «la autoliquidación no es correcta» porque, entre otras cosas, aplicó la escala a la suma de las bases imponibles de todas las donaciones, en lugar de haber liquidado cada una de ellas aplicando el tipo marginal de gravamen.
También ha precisado que la autoliquidación no es correcta porque el emérito «omitió» el importe de 96.696 euros correspondiente a dos transferencias y el de 95.365 euros «derivado de los servicios sanitarios que recibió». Y porque al tiempo de presentar el modelo 651 «habían prescrito administrativamente» las donaciones por gastos de viajes correspondientes al 31 de marzo de 2016, por 30.501 euros–; al 17 de mayo de 2016, por 22.531 euros; y al 4 de abril de 2016, por 28.100 euros.
Según consta en el decreto, el rey emérito ingresó «cuotas más altas de las que corresponden». La suma total de las cuotas correctamente liquidadas asciende a 539.664 euros. Ello resultado de restar del cálculo correctamente efectuado de las cuotas –559.361,32 euros– el importe de las que ya estaban prescritas administrativamente al tiempo de su ingreso –19.696,96 euros–.
Así las cosas, el Ministerio Público ha subrayado que Juan Carlos I ingresó en concepto de cuota 556.412,50 euros, por lo que se registró un excedente de 16.748,14 euros.
Tras analizar el total de las donaciones y la declaración efectuada por el rey emérito, la Fiscalía ha descartado un posible delito contra la Hacienda Pública. «La cuota de cada una de las donaciones es notablemente inferior a los 120.000 euros, elemento inexcusable del delito contra la Hacienda Pública, al margen de que tal cuantía se entienda como una condición objetiva de punibilidad o como un elemento del tipo», ha explicado Luzón.
