MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, reclama una reforma fiscal de «emergencia» con el objetivo de abordar el «impacto económico» provocado por el conflicto de Ucrania, según han indicado fuentes de este departamento.
Precisamente ayer la titular de Hacienda, María Jesús Montero, descartó que el Gobierno contemple «hacer de inmediato ninguna subida fiscal» en el actual contexto económico, de recuperación aún de la pandemia y con la guerra en Ucrania, tras recibir el informe del comité de expertos con propuestas sobre la reforma del sistema tributario.
Desde Derechos Sociales explican que avanzar hacia un sistema tributario «justo» es uno de los «retos» del Ejecutivo para esta legislatura, dado que es «lo único que permite» desarrollar el Estado del Bienestar y mantener las políticas sociales que el Ejecutivo está desplegando.
Por tanto y ante el previsible impacto que tendrá en la economía europea y española el actual conflicto bélico, el Ministerio que encabeza Belarra enfatiza que «se hace más urgente que nunca» abordar, «con carácter inmediato», una reforma fiscal «ambiciosa» que permita sufragar las futuras medidas de protección social.
«El impacto económico del conflicto bélico no pueden pagarlo de nuevo los trabajadores de nuestro país, las grandes empresas y las grandes fortunas deben corresponsabilizarse y pagar lo que les toca a las arcas públicas», destacan las citadas fuentes.
También ponen de relieve que si se aspira al nivel de despliegue de servicios públicos que tienen otros países del entorno comunitario, hace falta tener un sistema fiscal similar al de esas naciones.
A su vez, apuntan que el informe del comité de expertos concluye «claramente» que España tiene un «problema de infrafinanciación de las políticas públicas», fruto de la «debilidad estructural» del actual modelo tributario.
En consecuencia, aseguran que resolver este problema y hacer más progresivo el sistema «no puede esperar más» y es una tarea que tiene que afrontarse esta legislatura, dado que «es un compromiso alcanzado con Bruselas» (en el marco del Plan de Recuperación) y con la sociedad española.
PACTO DE ESTADO PARA CAMBIAR EL MERCADO ELÉCTRICO
El pasado miércoles y durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la situación del conflicto, el espacio confederal propuso un Pacto de Estado para reformar el sistema energético.
Una de las propuestas consiste en sacar a las centrales de gas del mercado marginalista energético para evitar que el alza que experimenta este segmento no repercuta ni altere el recibo de la luz.
También reafirma la necesidad de establecer un recargo del 10% en el impuesto de sociedades de las grandes empresas energéticas, e impulsar un «cheque ayuda» a familias y pymes que usan gas para su calefacción.
EN FEBRERO UP LANZÓ SU PLAN DE REFORMA FISCAL
El pasado 7 de febrero, en un acto que contó con el exlíder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, Podemos lanzó una batería de propuestas de cara a la futura reforma fiscal, que aportarían un aumento de ingresos a las arcas públicas de 29.800 millones de euros.
Dentro de ese paquete figura la creación de un impuesto estatal que grave la vivienda vacía, de cara a motivar que salgan al mercado del alquiler, un nuevo marco de fiscalidad verde y ampliar la lista de alimentos y bebidas no alcohólicos al tipo de IVA superreducido del 4%.
También recuperaba su propuesta de crear un nuevo impuesto a las grandes fortunas, para sustituir el actual tributo al Patrimonio, que se centraría en fortunas a partir de un millón de euros, con una exención por vivienda habitual de 400.000 euros y que no sería bonificable por las comunidades autónomas.
La reforma fiscal es una prioridad de Unidas Podemos para este ejercicio y, de hecho, ya registró recientemente una proposición no de ley en el Congreso para impulsarla, que no fue apoyada por el PSOE, su socio de coalición.
LAS PROPUESTAS DEL COMITÉ DE EXPERTOS
Por su parte, las propuestas de fiscalidad ‘verde’ planteadas por el comité de expertos nombrado por el Ministerio de Hacienda elevarían la recaudación entre 5.941 millones y 15.023 millones de euros.
También abogaban por mantener los tributos de Patrimonio y Sucesiones, con un límite mínimo para ambos tributos, además de considerar el pago por uso por infraestructuras viarias y una tasa municipal sobre la congestión en las ciudades más afectadas por el tráfico y la contaminación.
