MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
A poco de que dé comienzo la campaña electoral en Brasil, y con la reciente apertura de una investigación de la Policía Federal, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encara sus aspiraciones de reelección con otras seis causas en su contra pendientes en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Cinco de ellas están en manos del Supremo, mientras que la otra es asunto del TSE, con cuyos magistrados Bolsonaro ha protagonizado sonadas y rabaneras diatribas en los últimos meses, poniendo en duda la fiabilidad de las elecciones de octubre en las que, según las encuestas, saldría derrotado ante una hipotética candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Como parte de su particular cruzada contra la ciencia en tiempos de pandemia, Bolsonaro llegó a asegurar en octubre de 2021 durante una de sus semanales intervenciones a través de redes sociales que los totalmente vacunados «están desarrollando el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida mucho más rápido».
Unas declaraciones que provocaron que Facebook retirara el vídeo y poco después el Supremo iniciara una investigación a petición de la comisión parlamentaria que investigó su gestión de la pandemia, pidiendo además a la Policía Federal que tomara cartas en el asunto. Por ello, Bolsonaro se enfrenta a un posible delito de difusión de noticias falsas.
La primera de las causas abiertas a Bolsonaro en el Supremo data de mayo de 2020, en el marco de la crisis de Gobierno que estalló por entonces cuando el que era su ministro de Justicia, Sergio Moro, presentó su dimisión alegando haber sufrido presiones por parte del presidente brasileño para colocar al frente de la Policía Federal a una de sus personas de confianza.
Según remarcó el entonces juez del Supremo Celso de Mello, Bolsonaro intentó interferir políticamente en los casos de la Policía Federal que implicaban a algunos de sus familiares. Tras negar las acusaciones ante el Tribunal, en enero, cuando la causa estaba cerca de expirar, el magistrado Alexandre de Moraes prorrogó otros tres meses más la investigación.
«MILICIAS DIGITALES»
Otro de los casos que lleva el juez De Moraes es el que relaciona a Bolsonaro con las «milicias digitales» que se dedican a esparcir rumores, ataques y desinformación a través de redes sociales, como parte de la macrocausa relacionada con las noticias falsas que el magistrado lidera.
A petición del TSE, el juez del Supremo abrió una investigación a Bolsonaro por sus ataques a las urnas electrónicas, con los que habría intentado «tumultuar, dificultar, frustrar e impedir» el buen discurrir de las próximas presidenciales, sirviéndose de plataformas y redes sociales, dando así difusión a bulos que posteriormente han espoleado los ataques a las instituciones democráticas de las conocidas como «milicias digitales».
El caso que tiene sobre su mesa el TSE es el que acusa al presidente brasileño de revelar información confidencial sobre una investigación del órgano electoral acerca de unos ataques informáticos que habría estado recibiendo.
A pesar de que la investigación reveló que aquellos intentos de los piratas informáticos no supusieron problemas para el organismo, Bolsonaro utilizó aquello para fundamentar sus ataques sobre la vulnerabilidad del TSE y de las urnas electrónicas. Por este caso, la Policía concluyó que cometió un crimen al divulgar estas informaciones, sin embargo, la Fiscalía, desechó la causa.
No obstante, para el TSE Bolsonaro se convirtió en objetivo de una investigación administrativa por un posible delito de abuso de poder político, uso indebido de medios de comunicación estatales para hacer propaganda, corrupción y fraude en relación a estos ataques contra el sistema electrónico de votación.
CORRUPCIÓN DURANTE LA PANDEMIA
Después de meses de tomar declaraciones a decenas de testigos, responsables políticos, empresarios y funcionarios, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) concluyó que durante su gestión de la pandemia, Bolsonaro habría cometido hasta nueve delitos y pidió que se le prohibiera usar redes sociales para evitar que siguiera difundiendo desinformación.
En su informa final, la CPI propuso a las autoridades judiciales encausar al presidente brasileño por delitos de lesa humanidad, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos y charlatanería, figura que recoge el Código Penal para castigar a quienes promocionen remedios sin fundamento médico contra enfermedades
Aquel posible delito de prevaricación al que hizo referencia la CPI fue recogido por el Supremo, que en junio de 2021 inició una investigación por la supuesta «omisión» en la que habría incurrido el presidente brasileño tras ser alertado por dos funcionarios de Salud de que se estaban produciendo irregularidades en la compra de la vacuna india contra el coronavirus, Covaxin.
Bolsonaro siempre ha negado de que hubiera sido informado sobre aquello y la Policía Federal le dio la razón en enero de este año cuando concluyó que no hubo delito alguno, pues aunque hubiera desoído estas advertencias, aquella actitud «se aproximaría más a una falta de deber cívico, que de funciones». En febrero, la Fiscalía solicitó archivar la causa, sin embargo, la jueza del Supremo Rosa Weber la mantiene todavía abierta.
