CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El gobierno estadounidense se pronunció el martes sobre los arrestos y órdenes de detención giradas recientemente contra servidores públicos guatemaltecos que han luchado contra la corrupción y llamó al gobierno de Guatemala a respetar los derechos humanos de todos.
Esas acciones han sido consideradas por los afectados como ataques encabezados por la fiscal general del país, Consuelo Porras, por motivos políticos. Analistas y organismos internacionales han externado recientemente su preocupación por el Estado de derecho en el país.
“Los esfuerzos de la Fiscal General para atacar a los fiscales anticorrupción y otros fiscales siguen una tendencia preocupante de corrupción y el debilitamiento de las instituciones y los procesos democráticos en Guatemala”, dijo el Departamento de Estado estadounidense en un boletín de prensa.
Jueces y fiscales que han tenido a cargo investigaciones que dejaron al descubierto estructuras de corrupción en el Estado y trabajaron en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) actualmente integran una lista de 12 exiliados y cuatro detenidos.
“Los informes de retrasos repetidos y poco comunes en las audiencias de lectura de cargos, la retención de información a los abogados defensores, la negativa a celebrar audiencias públicas y la filtración a cuentas en redes sociales de detalles de casos reservados plantean serias preocupaciones con respecto a la imparcialidad de estos procedimientos”. añade el documento.
Uno de los fiscales que dejó el país fue Juan Francisco Sandoval, quien estaba a cargo de la FECI. Otros operadores de justicia también se exiliaron por temor a ser perseguidos y criminalizados por Porras, entre ellos, dos exfiscales generales, Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, Otros cinco jueces y magistrados también se han ido de Guatemala por temor.
Uno de los casos que más llama la atención es el de la jueza Erika Aifán, a quién Porras le ha promovido ya tres solicitudes de retiro de inmunidad por sus decisiones judiciales. Aifán es reconocida a nivel nacional e internacional por su trabajo y es considerada por organizaciones de derechos humanos un baluarte de la lucha contra la corrupción.
“Además del arresto de al menos seis fiscales anticorrupción anteriores y actuales, otros fiscales se han visto obligados a huir del país y continúan los esfuerzos para eliminar la inmunidad de jueces y fiscales anticorrupción adicionales”, agrega el comunicado del Departamento de Estado estadounidense.
Además de las demoras en los procesos contra los detenidos, Estados Unidos dijo que también es una alarma que a menudo los exfiscales son enviados a las mismas prisiones donde están recluidas las personas que investigaron, lo que representa graves riesgos para su seguridad.
Estados Unidos hizo un llamado al Gobierno de Guatemala para que respete los derechos humanos de todas las personas, garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los acusados.
En septiembre de 2021 el gobierno de Joe Biden sancionó a Porras y a su secretario Ángel Pineda por socavar la democracia y obstruir investigaciones de actos de corrupción, retirándoles la visa de entrada a aquel país. Otros gobiernos como el de Reino Unido y la Unión Europea también han externado su preocupación por la situación de criminalización de operadores de justicia.
