MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Un empleado de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha sido condenado a dos años de libertad vigilada por su participación en el asalto al Capitolio, en Washington, el 6 de enero de 2021, mientras que la agencia para la que trabaja, por el momento, le ha suspendido de sueldo.
Kevin Strong, seguidor declarado tanto de las teorías de la conspiración de QAnon como del expresidente Donald Trump, se había estado jactando a través de redes sociales días antes de las revueltas que su identificación como funcionario federal le permitirá pasar «a través de cualquier barricada policial».
El Departamento de Justicia había solicitado para Strong una pena de catorce días entre rejas más tres años de libertad vigilada por su implicación en un «gran y violento motín» con el que se pretendía «violar el Capitolio e interrumpir los procedimientos» legales para el traspaso de poder, cuenta la agencia Bloomberg.
Las autoridades estadounidenses han revelado que durante los interrogatorios Strong reconoció creer en una amplia y variopinta ristra de teorías de la conspiración, como las que versan sobre la presencia de QAnon dentro de la Casa Blanca y el Ejército para obtener tecnología alienígena, o que China planea una invasión de Estados Unidos.
Como parte de un acuerdo con la Fiscalía, Strong se declaró culpable de un único cargo, el de participación en las movilizaciones y piquetes que se produjeron aquel día del asalto, logrando así que le fueran retirados otros delitos más graves, como el de intentar detener al Congreso en un procedimiento legal.
Hasta el momento, más de 700 personas han sido detenidas por su implicación estas revuelta del 6 de enero, entre ellas algunos reconocidos integrantes de peligrosas y fuertemente armadas milicias de extrema derecha, como Proud Boys y Oath Keepers, mientras que el comité especial de la Cámara de Representantes ha tomado declaración a decenas de colaboradores del expresidente Donald Trump.
El FBI ha señalado que hay detenidos de casi cada uno de los cincuenta estados que conforman el país. La principal acusación que han presentado los fiscales es la de ingresar de manera ilegal en un lugar restringido, unos 640; mientras que el resto de los cargos más recurrentes son por agresión o resistencia a la autoridad.
