El tema de los desplazados sigue siendo una asignatura pendiente para el gobierno de Evelyn Salgado Pineda en Guerrero. En los últimos seis años, la entidad acumula más de 20 mil desplazados por la violencia de los grupos criminales; y a finales de 2021 e inicios de 2022, el grupo criminal de Los Ardillos arreció sus ataques en contra policías comunitarias y poblaciones de los municipios de Chilapa y Chilpancingo.
Entre 2016 y 2020 más de 21 mil 800 personas sufrieron de desplazamiento forzado interno en Guerrero, según el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México”, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
El 26 de enero, el ataque de Los Ardillos al campamento de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) en Buenavista de la Salud, en Chilpancingo, dejó un saldo de cuatro guardias comunitarios muertos. Tras el ataque, los guardias comunitarios denunciaron la aparición de un mensaje intimidante con las siglas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Un mes más tarde, la UPOEG amenazó con darle armas a mujeres y niños si el gobierno no garantiza la seguridad de la comunidad, pues hasta el 26 de febrero las autoridades no presentaron avances para castigar a los responsables de la agresión.
La UPOEG denunció hostigamiento por parte del Ejército y la Policía Estatal quienes, aseguraron, pretenden desarmarlos para que los grupos criminales los desplacen de su comunidad. De acuerdo con los guardias comunitarios los patrullajes que hacen la Guardia Nacional y el Ejército solo son carreteros, pues no hacen nada por detener al grupo armado.
Asimismo, indicaron que los habitantes viven con incertidumbre de un nuevo ataque y que Los Ardillos los tenían cercados. Una nueva agresión se perpetró este 6 de marzo, cuando un grupo armado atacó con granadas de fragmentación la comandancia de la policía comunitaria, cuyo saldo fue de dos personas lesionadas.
Un caso similar es el que sucedió a finales de enero, cuando Los Ardillos atacaron en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en el municipio de Chilapa, por lo que el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) llamó al gobierno de Salgado Pineda a frenar al grupo criminal.
Otro episodio sucedió en el municipio de Coyuca de Catalán a principios de 2020. Presuntos integrantes del CJNG irrumpieron en la comunidad de Zihuaquio quemando viviendas, fábricas de mezcal y se apoderaron de hectáreas de maguey. Cabe señalar que en esta zona desde 2019, cerca de 320 familias productoras de mezcal fueron desplazadas por los grupos criminales.
Piden hechos, no palabras
El pasado 5 de marzo, Salgado Pineda sostendría una reunión con colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos en Chilpancingo. Sin embargo, la mandataria estatal envió en su lugar al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Carlos Villalpando Milian. Ese día la gobernadora de Guerrero se encontraba en la Ciudad de México, participando en el foro “Mujeres por la transformación”, al que convocó la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.
La acción no pasó desapercibida por los asistentes, quienes solicitaron a Villalpando Milian se concretara la reunión con la mandataria estatal en un plazo no mayor a dos semanas. Teodomira Rosales, directora del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”, declaró a medios locales que los colectivos pidieron se atienda el tema de los desplazados, pues la autoridades «verbalmente dicen: “lo estamos haciendo”, pero en los hechos no hay ninguna atención».
Rosales agregó que a pesar de que el desplazamiento está tipificado como delito en el Código Penal del estado de Guerrero desde septiembre de 2021, las autoridades se niegan a atender las denuncias de las víctimas.
