BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta para que formas de violencia contra la mujer como el sexo no consentido, la mutilación genital o el acoso ‘online’ sean tipificados como delitos perseguibles con penas de cárcel en el conjunto de la Unión Europea, región en la que una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual desde que cumplió los quince años.
Por ello, el Ejecutivo comunitario aboga por establecer penas de cárcel armonizadas de modo que los agresores se enfrenten en cualquier lugar de la UE a penas máximas de al menos ocho años de prisión por violación, cinco años por mutilación femenina, dos años para delitos vinculados al ciberacoso o de un año por la distribución no autorizado de contenido íntimo en las redes.
Además plantea que si la víctimas de una violación tiene la edad mínima para consentimiento pero es aún menor de edad en el momento de la agresión este factor sea entendido como un agravante que eleve la pena de cárcel a al menos doce años.
Bruselas es consciente de que todos los Estados miembro tienen ya leyes con las que actuar en casos de violencia contra la mujer pero alerta de que hay «distintos niveles», lo que genera, por ejemplo, inseguridad jurídica en las víctimas cuando viajan entre países de la UE o complica perseguir al agresor si cambia de Estado miembro.
Otra de las claves de la nueva norma que promueve Bruselas es reforzar la protección de las víctimas en cualquier punto de la Unión Europea, por ejemplo con una ‘ventanilla única’ para todos los Estados miembro que facilite el acceso de las mujeres agredidas o acosadas a los servicios de apoyo y protección.
El Ejecutivo comunitario ve con preocupación que muchas mujeres no lleguen a presentar denuncias ante las autoridades cuando sufren un episodio de violencia por lo que quiere que se creen nuevas vías de notificación «más seguras, fáciles y accesibles» para las víctimas, también adaptándolas a menores.
Además defiende que profesionales que asisten a las víctimas en casos de urgencia, como sanitarios o psiquiatras, tengan excepciones a las condiciones de confidencialidad para poder alertar a las autoridades si tienen una duda razonable de que existe un riesgo inminente de daño físico grave para la persona.
Si la norma sale adelante, las autoridades también deberán a llevar a cabo evaluaciones de riesgo individuales cuando la víctima se ponga en contacto con ellas por primera vez para calibrar el riesgo planteado por el autor del delito y valorar si la denunciante necesita amparo inmediato mediante orden de alejamiento u otras medidas urgentes de protección.
Asimismo, Bruselas solicita que las pruebas o cuestiones relacionadas con la vida privada de las víctimas, en particular su vida sexual, solo puedan utilizarse cuando sea estrictamente necesario. Las víctimas tendrían derecho a reclamar una indemnización completa a los trasgresores por daños y perjuicios, incluidos los costes de la asistencia sanitaria, los servicios de apoyo, la pérdida de ingresos y los daños físicos y psicológicos.
Finalmente, la Comisión quiere que los Estados miembro recopilen datos sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica para contribuir a un estudio a escala de la UE cada cinco años.
