MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La Asamblea Nacional de Ecuador ha aprobado este jueves de madrugada (hora local) conceder la amnistía a 268 activistas políticos, ambientalistas e indígenas en una decisión orientada a «reconciliar» al país y que ha sido criticada por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.
El Parlamento ecuatoriano ha dado ‘luz verde’ –con 99 votos a favor, 16 en contra y diez abstenciones– a otorgar esta condición a «luchadores populares, defensores de los Derechos Humanos, del agua y la naturaleza», según ha detallado la presidenta de la Cámara, Guadalupe Llori Abarca.
«Estos resultados van a reconciliar el país, hemos trabajado por la unidad que tanto esperaba nuestro Ecuador; me siento muy contenta de que nuestros compañeros (…) y todas sus familias hoy recuperan su libertad, la Justicia en el país y la tan ansiada reconciliación y unidad nacional», ha señalado Llori, según recoge ‘El Universo’.
Por su parte, el presidente Lasso ha criticado la decisión pues ha incidido en que «el legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros» y considera que «la Asamblea de Ecuador ha cometido un acto de injusticia».
«Olvidaron Quito (la capital del país) en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos y personas violentadas», ha lamentado el mandatario en alusión a las protestas de octubre de 2019. Además, Lasso ha trasladado su «respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión».
De las 268 personas amnistiadas, 60 era «judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y la protesta social» en el marco de los disturbios de 2019; otros 153 eran «defensores de los territorios comunitarios»; doce pertenecían a casos de administración de justicia indígena; y los 43 restante son «defensores de la naturaleza».
Ya a mediados de febrero la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea de Ecuador aprobó un informe para conceder la amnistía a un grupo de unos 270 procesados bajo «trasfondo político», varios de ellos en el marco de las protestas de octubre de 2019.
La Constitución de Ecuador otorga a la Asamblea la capacidad de conceder amnistías por «delitos políticos», una solicitud que se puede tramitar en cualquier fase del proceso penal sin necesidad de que exista una sentencia en firme.
